En el evento realizado el pasado viernes 13 estuvieron presentes Francisco Tamarit, (coordinador general de la CRES 2018 y ex rector de la UNC), Graciela Morgade (Decana Facultad de Filosofía y Letras UBA), Gabriela Diker (Rectora UNGS) y Alejandro Ruidrejo (Decano Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta). La coordinación de la actividad estuvo a cargo del Decano de la FFyH, Prof. Juan Pablo Abratte.
La primera Conferencia Regional de Educación Superior se realizó en La Habana (Cuba) en 1996, y la II Conferencia Regional en Cartagena de Indias (Colombia), en 2008. La III Conferencia Regional se celebrará en la ciudad de Córdoba (Argentina), y está organizada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación y Deportes de Argentina. Además, cuenta con el apoyo especial del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP), así como de numerosas instituciones, asociaciones y redes académicas del ámbito de la educación superior en América Latina y el Caribe.
El propósito de esta jornada preliminar giró en torno a la ratificación de los principios que conciben a la Educación Superior como un derecho humano y un bien público social, se destacó el deber fundamental del Estado de garantizar este derecho, a la vez que debatir en torno a su efectiva concreción, en el marco de procesos de restauración neoconservadora y neoliberal en la región, que ponen en riesgo esta concepción inclusiva y democrática de Universidad Pública. “Entendemos que desde el campo de las humanidades y mediante un proceso de discusión abierta, participativa y plural, podemos producir un aporte significativo a los debates que se darán en ocasión de este evento de relevancia internacional, la defensa de la Universidad Pública, del derecho a la universidad, del acceso al conocimiento como derecho humano y como deber del Estado, supone un posicionamiento crítico respecto de cualquier proyecto que pretenda mercantilizar a la educación universitaria, reducir sus alcances o convertirla en mera institución de formación profesional y técnica”, explicaron desde la organización.