Si esta cárcel sigue así, todo preso es político
Patricio Rey.
Por Guillermo Ricca, Prof. en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanas – UNRC
A fines de la década del 80 del siglo pasado, las ciencias sociales críticas en América Latina alertaban sobre la precariedad de nuestros regímenes democráticos. Se señalaba por entonces, la ausencia de una democracia social avanzada, de una reforma profunda de nuestras sociedades que, entre otras cosas, incluyera una reforma de la Constitución Nacional para abrir amplios dispositivos de participación en las decisiones políticas por parte de movimientos sociales, sectores populares y otros de la sociedad civil. Los años noventa arrasaron con todas esas demandas a partir de la imposición del modelo de capitalismo financiero instaurado por el mal llamado “consenso de Washington” (Si es en Washington, seguro no es por consenso). El modelo de acumulación impuesto en los 90 estalló una década más tarde en crisis de gobernabilidad que casi licúan al mismo sistema político en cada uno de los países que habían abrazado las reformas neoliberales bajo pretexto de modernización. Surgieron nuevos movimientos y líderes populares en casi toda América Latina que llegaron al gobierno a partir de las demandas largamente insatisfechas de la mayoría de una población castigada por el desempleo, la inseguridad social, el hambre y la destrucción del tejido social. El imperio pareció retroceder, pero en realidad, replanteó su estrategia. Ya no había cabida para formas explícitas de la doctrina Monroe, ni para enmiendas Platt. Muchos intelectuales que en los 80 demandaban una democracia social avanzada, en el borde del nuevo siglo ya se habían vuelto liberales sin atributos. Por lo tanto, ya no demandaban más que orden republicano, devaluando a la tradición republicana a la mera división de poderes.
El encarcelamiento de Luis Ignacio Lulla da Silva es la culminación de un proceso que se inició con la destitución de Dilma Roussef y no debe ser considerado un hecho aislado sino que debe ser leído en su real alcance continental. Como lo señalara ayer Horacio Verbitsky en una nota de obligada lectura para cualquier ciudadano defensor de la democracia, el imperio viene corriendo el arco del juego democrático en la región desde hace tiempo; habría que remontarse a la irrupción de Chávez y de la revolución bolivariana. Desde entonces, la estrategia es la continuidad de la doctrina Monroe por otros medios y, si fuera necesario, por los mismos. Esos otros medios son los grandes medios de comunicación, un sector del poder judicial y los intereses económicos ligados al capital financiero que, no sólo no tienen patria, sino que tampoco reconocen ninguna soberanía del derecho.
Desde el derrocamiento de Jean Bertrand Aristide en Haití, en el año 2004, la política imperial norteamericana no ha dejado de intervenir en la región, con más o menos éxito. La instrumentación de un sector del poder judicial, de los grandes medios de comunicación y de sectores del capital financiero parece dar resultado, como lo muestra la participación de Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina y la campaña sucia de Jaime Durán Barba en las elecciones legislativas de 2016 que derivó en una causa federal contra el ecuatoriano que, gracias a las gestiones de Germán Garavano, terminó freezada en los tribunales de CABA. Cuando esta ignominia neoliberal acabe, porque todo acaba alguna vez y la historicidad de las hegemonías políticas es implacable, amplios sectores del periodismo y del poder judicial en América Latina deberán rendir cuentas de su complicidad con esta mutación del régimen democrático en régimen de “estado de excepción” en la región. Avanzamos hacia una des democratización que incluye pérdida de derechos y garantías básicas como la presunción de inocencia y, aún más, el uso de la cárcel como método para acobardar opositores o dirigentes sociales; si esto no fuese suficiente, el poder fáctico también puede recurrir impunemente al asesinato de dirigentes y militantes a manos de fuerzas de seguridad o parapoliciales, como sucede con la comunidad Mapuche en Argentina y los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Con una operatoria similar fue asesinada Marielle Franco en Brasil. La CoRRePi denuncia que en los dos primeros años de gobierno de Cambiemos se registran 725 casos de crímenes policiales, la mitad de ellos, por gatillo fácil.
La condena sin pruebas contra Lula es un giro peligrosísimo para la vitalidad de las democracias en Sudamérica que ha encendido alarmas hasta en las páginas de New York Times que, dicho sea de paso, parece no querer interrogarse sobre la responsabilidad del Departamento de Estado norteamericano en la materia. Nuestras sociedades se deben un debate profundo sobre el rol del periodismo en democracia y sobre la sospecha de ilegitimidad en el ejercicio de esa profesión que pesa sobre muchos periodistas y comunicadores. Miles de periodistas críticos al régimen de Macri no consiguen trabajo en Argentina, otros padecen la censura y una buena parte se entrega sin resistencia a todo tipo de operaciones de desprestigio y mentira organizada (posverdad) a cambio de oscuras retribuciones. La gravedad del asunto radica en que la información veraz es un bien intangible básico en un orden democrático y, por otro lado, la organización de la mentira a través de amplias campañas de desprestigio que combinan hostigamiento mediático y judicial tiene efectos devastadores en la subjetividad de grandes franjas de la población. Es necesario recordar que el neoliberalismo es el primer proyecto en la historia del capitalismo que se propone producir la subjetividad y controlarla desde dentro de los mismos sujetos. El resultado es la instalación de un imaginario capaz de sustituir el valor de verdad de la propia experiencia en beneficio de los enunciados repetitivos de las grandes usinas de desinformación. La Red O Globo se dedicó durante meses a condenar a Lula antes de que lo hiciera el juez Moro y presentó su condena y encarcelamiento como una conquista del republicanismo en Brasil. Esto explica por qué es posible decir, aunque todos los indicadores oficiales muestren el deterioro de la economía y de la calidad de nuestra democracia, que “estamos mejor” y que muchos conciudadanos incautos lo acepten sin sospecha. Habría que recordar la vieja lección de Althusser acerca de la ideología como relación imaginaria con las reales condiciones de existencia y su carácter de instancia irreductible.
Por otra parte, el poder judicial, en nuestras sociedades es por lejos el menos democrático de los poderes. Un amplio sector del poder judicial de nuestros países no oculta su afinidad ideológica con un conservadurismo faccioso y antidemocrático. La autodenominada “familia judicial” es una especie de Corda Frates del siglo veintiuno en la que todo se cocina de mamera palaciega y a puertas cerradas, en intercambios de favores. El sector democrático del poder judicial vive atemorizado ante la posibilidad de un carpetazo que derive en juicio político, como ha sucedido con jueces probos como Carlos Rozanski, o padecer persecuciones como las que tuvo que soportar el juez Daniel Rafecas. Hoy sabemos, por caso, que el juez Moro que condenó a Lula sin pruebas, recibió entrenamiento en Estados Unidos para el ejercicio del lawfare[1] y estuvo hace semanas en Argentina compartiendo esas nuevas capacidades con el Juez Bonadío, inquisidor de opositores, de dudoso pasado en servilletas anotadas por Carlos Corach, con aspiraciones de mani pulite, y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entretanto, mientras las grandes cadenas de noticias de nuestro país hacían mayonesa con Lula, el fiscal de la causa Correo Argentino contra la familia presidencial fue apartado sin motivos. Sin perder tiempo, los ideólogos del actual régimen, mientras mostraban a Lula en prisión se preguntaban en zócalos de gran tamaño ¿Por qué Lula sí y Cristina no? Lo cuál no hace más que mostrar que se trata de una estrategia a nivel continental dirigida a acabar con cualquier forma de resistencia política al orden neoliberal, incluyendo la resistencia democrática.
[1] Cf. Oscar Laborde, “La guerra jurídica o Lawfare” en Página/12, Buenos Aires, 04 de enero de 2018, en línea: https://www.pagina12.com.ar/86842-la-guerra-juridica-o-lawfare; ver también Jorge Elbaum, “Se profundiza la restauración conservadora” en El cohete a la luna, en línea: https://www.elcohetealaluna.com/se-profundiza-la-restauracion-conservadora/
