Los gobiernos pasan y las políticas represivas quedan y avanzan. Este viernes 17, a las 18 hs, desde el Concejo Deliberante volvemos a marchar para repudiar las políticas públicas de seguridad del Estado municipal, provincial y nacional. Marchamos desde 2010 en nuestra ciudad, pero desde 2014 nos organizamos a través del espacio multisectorial que hemos llamado Colectivo Organizador de la Marcha de la Gorra en Río Cuarto.
Desde allí denunciamos el abuso policial que afecta principalmente a los jóvenes de sectores populares. Pero además reclamamos por un código contravencional que no criminalice la pobreza, reprima la protesta social y viole sistemáticamente los derechos humanos en comisarías y dependencias policiales de toda la provincia. Como lo hizo el Código de Faltas y lo hace actualmente el Código de Convivencia Ciudadana (en adelante CCC).
Las demandas fueron ampliadas y si bien nuestro eje principal es denunciar el abuso policial en jóvenes, a lo largo de los años hemos incorporado las problemáticas del colectivo LGTBIQ, de los carreros, de las mujeres y de los militantes que son perseguidos, hostigados y estigmatizados. Existe una línea común que une las prácticas que las llamadas fuerzas de seguridad tienen sobre estos grupos sociales.
Lo mismo ocurrió con los territorios denunciados. Comenzamos con la demanda de derogación del Código de Faltas, pero fuimos visibilizando y discutiendo otros aspectos. Hoy nos preocupa la creación del Esquema de Prevención Urbana Municipal; nos desvela el asesoramiento de Restrepo al gobernador de Córdoba, para pensar la seguridad provincial. Restrepo es el ideólogo de la transformación urbanística de la Comuna 13 de Medellín, territorio de Pablo Escobar.
Nos preocupa que en los últimos 10 años, en Córdoba, tenemos 50% más policías y sólo 23% más de docentes.
Nos preocupa que a fines de septiembre, en el marco de la gestión de Aguad como Ministro de Defensa de la Nación, el ejército estuvo desarrollando maniobras de prueba y tareas de logística en nuestra provincia. Pero en los hechos esto fue percibido como un verdadero ejercicio de demostración ocupacional del territorio, en el contexto de continuas movilizaciones y reclamos por diferentes causas, entre ellas, la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Nos preocupa que nos digan que la provincia mantiene distancia con la política se seguridad de la Nación. Mientras que Alejandra Monteoliva, ex Ministra de Seguridad de Córdoba (entre el narcoescándato y el autoacuartelamiento en 2013), hoy trabaje con la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
Nos preocupa que el Ministerio Público Fiscal de la Provincia sostenga que el nuevo CCC, junto a la reciclada ley ahora llamada de “Seguridad Pública y Ciudadana” imprimen un nuevo paradigma se seguridad. Por empezar, su informe de actividad sólo enumera los avances del CCC sin dejar rastros de las demandas incumplidas en materia de contravenciones. El informe no dice que se multiplicaron las detenciones por Resistencia a la Autoridad (art. 257 del Código Penal Argentino), al tiempo que las demoras en la vía pública, los paseos en patrullero, que ya existían, se volvieron más frecuentes.
Nos preocupa que dicho informe hable de la eliminación de la figura del merodeo, mientras que nada dice de la creación de la conducta sospechosa, que se llevó el segundo lugar de detenciones preventivas, según el propio documento, y la pervivencia del merodeo rural. Si bien es cierto que se ha eliminado la prostitución molesta o escandalosa y el artículo de escándalos públicos, las trabajadoras sexuales pueden ser detenidas por “escándalos y molestias a terceros”, “Molestias a personas en sitios públicos” o “actos contrarios a la decencia pública”. Con ellos los márgenes de arbitrariedad continúan y las prácticas policiales semidementadas en moralismos siguen ejerciéndose con violencia física y simbólica.
Nos preocupa que hay una muerte diaria por caso de gatillo fácil en Argentina, sí una muerte diaria, la mayoría a jóvenes-varones-de sectores populares. Pero además de esta eliminación brutal existen múltiples formas de atentar contra la vida de los jóvenes. Son formas de exterminio “gota a gota” cuando se los presenta como delincuentes causantes de peligro para la sociedad. Se mata a los jóvenes con balas y también borrándolos de la vida económica, social y política, eliminando su rostro y buen nombre de las pantallas. Por el accionar estatal y la complicidad mediática este año decimos:
EL ESTADO NOS MATA. SUS MEDIOS LO BANCAN. PERO NUESTRA LUCHA AVANZA. Las, los y les invitamos a participar porque estamos convencidos que LA SALIDA ES COLECTIVA.
Próximo viernes 17 de noviembre, 18 hs, frente al Concejo Deliberante.
