Violencia institucional: ¿un problema sin solución?

Por Gabriela y Luciana Colombino. Estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas – UNRC

 

Santiago Maldonado (27) era un joven que desapareció en medio de una feroz represión de la Gendarmería mientras apoyaba a la comunidad mapuche Lof en Resistencia de Cushamen. Tras 78 días su cuerpo apareció ahogado en el Río Chubut. En el barrio porteño de la Boca, un delincuente llamado Pablo Kukok (18) fue asesinado con un tiro por la espalda por el policía Luis Chocobar. Tras ser procesado por homicidio, Chocobar fue recibido por Mauricio Macri, Presidente de Argentina, en la Casa Rosada. En Río Cuarto, en 2017, Alexander Ismael Trigo  de 17 años, falleció en el acto tras impactar su motocicleta 110cc contra un automóvil. Minutos antes un patrullero policial observó al motociclista junto con otros jóvenes y emprendió una persecución que ocasionó la muerte.

 

Los tres casos ocurrieron en distintas localidades del país. Ninguno de los tres jóvenes tenía relación entre sí, pero había un denominador común: los tres murieron de la misma forma, víctimas de la violencia institucional. Estos hechos tuvieron mucha visibilidad mediática y social. Se generaron múltiples debates a favor y en contra del accionar de las fuerzas de seguridad.

Según un informe realizado en 2017 por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Estado asesina a una persona por día.  Los datos revelaron que en 721 días del Gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos por gatillo fácil y torturas, por ende, según Correpi esta etapa es una de las más represivas de la historia argentina. Pero,¿la violencia institucional es un fenómeno nuevo?

 

Mariana Lerchundi, Becaria del CONICET e integrante del Colectivo Organizador de la Marcha de la Gorra (Río Cuarto), explica que “la violencia policial no nace en diciembre de 2015, lo peligroso ahora es que hoy sí existe como suerte de bandera blanca donde hay determinadas prácticas que están más permitidas que antes”.

 

El informe de Correpi afirma que en el último año del gobierno de Cristina Fernández, se registraron 300 casos de violencia institucional. Es decir este tipo de violencia siempre existió, pero desde fines del 2015, la cifra de víctimas va en aumento. La violencia institucional parece ser un problema sin solución.

¿Qué es la violencia institucional?

Según Betiana Ferrocchio y Valentina Tomasini, profesoras en la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanas – UNRC, la violencia institucional hace referencia a un conjunto de situaciones que son ejercidas desde las instituciones públicas por medio de sus funcionarios y que tienen como consecuencia la vulneración y violación de derechos de las personas.

 

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto al Ministerio de Educación de la Nación se realizaron conceptos precisos sobre este tipo de violencia. “Al hablar de violencia institucional nos referimos a situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura), funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de instrucción, etc.).”

 

La violencia institucional es un concepto que amplía y define cualquier uso indebido de poder o fuerza. “Es la violencia ejercida desde el Estado hacia cualquier persona”, expresa la Doctora en Administración y Política Pública Lerchundi.

 

¿La violencia institucional es sólo violencia policial?

 

Es un error pensar que la violencia institucional sólo se reduce a la violencia ejercida desde la policía. Los especialistas coinciden en que existen varias formas de violencia institucional.  “La violencia policial es solo la punta del Iceberg pero en realidad la violencia institucional es mucho más amplia”, sostiene el Prof. de Historia y de Ciencias de la Comunicación Damián Antunez.

 

Los casos más comunes de violencia policial lo constituyen las persecuciones policiales, las detenciones por portación de rostro, los castigos en las cárceles, allanamientos seguidos de muerte y el famoso “gatillo fácil”, es decir, el uso abusivo de las armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad. Lerchundi expresa que esta expresión no es correcta, ya que, los gatillos fáciles son en realidad “homicidios letales en manos de las fuerzas de seguridad”.

 

A comienzos de 2018, un niño de 12 años murió de un tiro en la nuca durante una persecución policial. Las pericias indicaron que el joven tenía pólvora en sus manos, lo que es indicativo de que disparó. Lerchundi manifiesta que por más que durante una persecución haya disparos por parte del delincuente, la policía no debe disparar por la espalda.

 

El Lic. en Ciencia Política, Dario Gramajo, sostiene que la violencia institucional es la que proviene de cualquier institución principalmente pública. “Cuando un hospital no quiere atender a una persona es violencia institucional, la violencia obstétrica es violencia institucional, y dentro de todas estas instituciones está la violencia policial” expresa Lerchundi.

 

Causas de la violencia institucional

 

Tomasini y Ferrocchio sostienen que la violencia institucional es posible porque hay discursos y prácticas que estigmatizan, que excluyen, que segregan. Es indispensable desnaturalizar tanto las formas que adopta la violencia como las formas de ejercicio de la autoridad a las que la sociedad se enfrenta a diario.

 

Desde la perspectiva de Antunez, el Estado considera a los sectores populares que se quieren emancipar como una molestia. Por ello es que los estigmatizan. “El Estado decide que no hay que integrar a las personas de clases marginadas, entonces lo único que les queda es acorralarlas e ir eliminándolas del sistema”, dice. Para que el Estado pueda eliminarlos del sistema deben convencer a la opinión pública de que los jóvenes de la villa son chorros por naturaleza y que no se los puede educar, sólo domesticar. “Este es el destino que tienen los chicos pobres”, afirma el profesor.

 

Contexto actual

 

Según Tomasini y Ferrocchio la violencia institucional se recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos. Un ejemplo es la represión a la protesta social ejercida por entidades dependientes del estado, como también intentar dejar en libertad a los represores de la última dictadura cívico-militar, con el beneficio del 2×1.

El Prof. Antunez coincide con esta idea y sostiene que tenemos un estado que profundiza este tipo de violencia. “Esta es la situación en la que estamos ahora. El gobierno actual llegó por las vías democráticas. En este caso en Argentina hay una gran obviedad que es que en 2015 triunfa por primera vez la derecha a partir de elecciones con un frente orgánico que fue exitoso para llegar al poder. En esta situación en la que estamos este gobierno profundiza esta violencia institucional no cabe dudas. Y esto se ve tanto en el ámbito nacional con Maldonado, Rafael Nahuel, entre otros y en el ámbito provincial y local”, expresa.

 

El gobierno actual y la violencia institucional

 

Dario Gramajo expresa que en la actualidad el Estado, que debería ser quien garantice el cumplimiento de la ley, avala ciertas prácticas que no son legales.

 

El 8 de diciembre de 2017, un policía de Buenos Aires llamado Luis Chocobar mató a un delincuente que dio diez puñaladas a un turista estadounidense y fue embargado y procesado por homicidio. Pocos días después, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avaló el accionar del policía y reivindicó la doctrina del gatillo fácil. “Si un chico dispara, el policía tiene todo el derecho a defenderse” sostuvo. El Lic. Gramajo repudia los dichos de la Ministra y sostiene: “el gobierno, principalmente desde la acción de Bullrich avala prácticas que no corresponden, como por ejemplo la habilitación del gatillo facil” .

 

Los casos de violencia institucional no nacieron con este gobierno. Santiago Maldonado no es el primer desaparecido en época de democracia. Por ejemplo Sergio Ávalos tenía 18 años cuando el 14 de junio de 2003 salió al boliche Las Palmas y nunca más se supo nada de él. La Policía quedó en la mira por la desaparición y en 2015 el caso fue caratulado como “Desaparición Forzada de Persona”.

 

Patricia Bullrich no fue la única en avalar la conducta de Chocobar. El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió en la Casa Rosada al policía procesado y expresó que estaba orgulloso de que existan policías como él. “Que el presidente reciba a Chocobar habilita a pensar que hay instancias de justificación de que un policía mate por la espalda” sostiene Gramajo.

 

La Ciudad de Río Cuarto no es ajena a todo lo que se mencionó con anterioridad por lo que resulta fundamental que como ciudadanos conozcamos sobre la problemática. Damián Antunez considera que es importante saber que el Estado muchas veces viola los Derechos Humanos. “No podemos negar que esto ocurre. Hay que poner en marcha un Estado distinto pero para eso hay que reconocer el Estado que tenemos”, afirma.

 

Año tras año crecen las cifras sobre víctimas de violencia institucional tanto física como simbólica. El debate sigue vigente ¿La violencia institucional es un problema sin solución?

 

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