Aquel 10 de diciembre de 1983, veintiocho millones de argentinos y argentinas celebrábamos el retorno de la democracia. Una forma de gobierno adoptada en Argentina a partir de 1912 que atravesó, sin embargo, un laberíntico camino con difusos horizontes por momentos, con sistemáticas embestidas golpísticas cívico-militares, un desarrollo económico pendular, violaciones de derechos humanos y urnas electorales “bien guardadas” (como se decía), entre otros dramas de la historia reciente. Por eso, con algarabía, entusiasmo y esperanza, los 15 millones de ciudadanos que habíamos concurrido a las urnas, algunos por primera vez (como era mi caso) estábamos convencidos de que se recuperaba de una vez y para siempre no solo una forma de gobierno -perfectible siempre- y que tantas veces se vio tensionada, tutelada y desvirtuada, sino un conjunto de prácticas y de valores indisolublemente identificados con ella. Un 2,18% votó en blanco, mientras un 14,39% se abstuvo de votar. Hoy, luego de 40 años, cabe preguntarnos ¿qué porcentajes ocupan esas dimensiones electorales?

Ese 10 de diciembre también se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, una agenda pendiente para la democracia recuperada por la cual venían batallando diferentes organizaciones y movimientos, aún en dictadura. En fin, desde el interior del interior veíamos (algunos a través de la televisión a color y otros todavía en blanco y negro) cómo una multitud, en la capital del país, acompañaba desde el Congreso hasta los balcones del histórico Cabildo al presidente electo Raúl Ricardo Alfonsín, donde lo esperaba otra fervorosa multitud reunida en la emblemática plaza central. Allí mismo, donde cada jueves desde aquel 30 de abril de 1977, un grupo de 14 mujeres con Azucena Villaflor a la cabeza, había impulsado -en completa soledad social, aunque vigiladas por la presencia policial- la movilización del primer colectivo de las Madres de Plaza de Mayo. Al cabo de estos 40 años, podemos preguntarnos: ¿Se trabaja desde la memoria colectiva en el registro de los avances en materia de derechos humanos? ¿Cuántas políticas faltan aún instrumentar? ¿Se hayan explícitamente consignados en las plataformas de los partidos que competirán por el próximo período presidencial?

Ese primer discurso del presidente electo de la refundación democrática fue brevísimo, de tan solo cuatro minutos. A su lado, el vicepresidente Víctor Martínez, fuerte referente del radicalismo cordobés, y detrás lo acompañaba un grupúsculo de hombres que integrarían su gabinete. Los símbolos patrios (escudo y banderas) se confundían prácticamente con un día firmemente soleado. “Hoy inauguramos una etapa que sin duda será difícil”. Esas fueron las primeras palabras del presidente. Y seguidamente continuó diciendo “porque tenemos todos que asegurar, hoy y para los tiempos venideros, la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina”. Cientos de banderas partidarias y celestes y blancas, miles de manos levantadas se agitaban en una señal de acompañamiento a esas sentidas palabras. Era la fiesta de la democracia, luego de haber transitado los ocho años de la última y traumática dictadura militar. Tal como era su costumbre finalizó dicho acto con el recitado del Preámbulo, el texto inicial de la carta fundacional del Estado argentino y donde se condensan los objetivos de la Constitución. Luego de 40 años, podríamos interpelarnos: ¿Se ha logrado resignificar en cada período democrático esas palabras que consensuaron inicialmente los constituyentes de 1853? “Porque entre todos vamos a constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino”. La Constitución sería reformada en 1994. Y entonces nos preguntamos: ¿Qué proyecto de nación puede entreverse a través de sus tres partes? ¿Qué concepción del poder republicano y de los derechos y prerrogativas ciudadanas venía a ratificar o modificar? ¿Qué porcentaje fueron adquiriendo las mujeres en la composición de los partidos políticos y en la burocracia estatal? ¿Qué políticas pioneras y recientes se instrumentaron en su favor?

Aquellas primeras palabras de Alfonsín eran todo un presagio para el final del siglo XX. El juicio a los comandantes de las fuerzas armadas, los levantamientos militares, el peso de la deuda externa, las crisis cíclicas de la economía, los altibajos del crecimiento económico y la hiperinflación fueron algunos de los desafíos internos. La reforma estructural del Estado, la desarticulación del modelo de Bienestar, las reformas laborales, las privatizaciones de empresas públicas, la pérdida del empleo, la precarización laboral, el desfinanciamiento de la educación y de la salud, el monitoreo permanente del Fondo Monetario, el empobrecimiento de la clase media fueron algunas de las problemáticas y resultados de la agenda neoliberal de los noventa, dócil adoptante del Consenso de Washington. El siglo XXI inició con una crisis institucional, económica que desembocó en los estallidos sociales de 2001. Dos años después comenzó a transitarse por una política estatal activa en materia de derechos humanos, control de la economía y estatización, con una reducción de los índices de pobreza, desempleo e indigencia y evolución positiva del crecimiento económico, así como impulso científico y tecnológico, políticas hacia la mujer, entre otros. Pero, tras un período de política económica expansionista y distribucionista, que incluyó el pago de la deuda al FMI, el péndulo de la economía volvió a inclinarse negativamente y de modo nuevamente crítico para los asalariados, lo cual se acentúo con el retorno de políticas neoliberales. La corrupción política salpicó -por su parte- a buena parte de las administraciones gubernamentales democráticas, nacionales, provinciales y aún locales. Un magnicidio consumado y otro frustrado sembraron perplejidades en materia de responsabilidades penales y funcionamiento de la justicia en la República.  

Si bien la precedente enumeración de cuestiones resulta insuficiente para evaluar logros y desaciertos en el marco de vigencia del sistema democrático, algunas de ellas enmarcaron coyunturas críticas como la de 1989 y 2001 a nivel nacional, así como la de 1995 en la escala provincial cordobesa, que expresaron el malestar, la disconformidad, el conflicto social, en definitiva. Actores, repertorios y demandas se canalizaron en múltiples acciones colectivas, cobrando visibilidad en el espacio público a través de organizaciones sindicales, movimientos o simplemente mediante autoconvocatorias ciudadanas. 

En diversas escalas, desde las ciudades metropolitanas hasta las pequeñas poblaciones e inclusive a nivel barrial, esos colectivos sociales, y muchos otros más, ejercieron sus derechos constitucionales. De petición, de protesta, de reunión, de asociación, de libertad de opinión. La democracia, la vigencia del -Estado de Derecho y las garantías constitucionales ofrecían -y ofrecen aún hoy- el marco para un amplio abanico de la participación ciudadana. Y aunque ésta mostró también su propio movimiento (desde el frenesí participativo de los ochenta, al desencanto por la política partidaria y nuevamente la movilización ante momentos de crisis institucional y/o económica), dicha actividad cívica sería impensable sin el marco que ofrece la legitimidad democrática.

Otros colectivos sociales se sintieron impulsados a encontrar canales de expresión para un conflicto social que colocaba en el espacio público a los antagonistas. Y así, hubo varios momentos de saqueos e infinidad de protestas, mayormente dirigidas contra el Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal). A éstas las denominamos acciones contenciosas que pueden incluir o no la violencia, que dialogan con los derechos constitucionales o tensionan con ellos. Era la gente en la calle, en sus lugares de trabajo, en las rutas, en las redes sociales. Eran también las organizaciones empresarias, urbanas y rurales. Desde allí buscaban validar sus reivindicaciones y para ello contaban (tradicionalmente) con sus organizaciones sindicales, corporaciones agrarias o bien (más recientemente) con bases comunitarias, territoriales, etc. en donde podían contar también con otros aliados sociales. Desde la toma de fábricas, las huelgas, lock-outs agrarios, piquetes, marchas, ollas populares, cacerolazos, protestas ambientalistas hasta el activismo artístico, miles de argentinos y argentinas, cada uno de ellos con un acotado o bien polifónico cuadro de demandas, con sus símbolos identificatorios a veces, con la recurrencia o bien unicidad de sus movilizaciones, fueron complejizando el mapa social y cultural en cada ciudad, pueblo o comuna de la Argentina.

Trabajadores en general, vecinos, mujeres empoderadas, víctimas de femicidios, desempleados, consumidores, jubilados, educadores, científicos, ambientalistas, jóvenes, comunidad LGBT+, y tantos otros y otras eran -y son todavía- no solamente colectivos sociales, sino rostros de las asignaturas pendientes de la democracia en materia de bienestar material, ampliación de derechos, seguridad, educación y salud, identidades de género, entre otras. Está claro que a 40 años de aquel 10 de diciembre subsisten contradicciones y antagonismos que muestran la reconfiguración de la conflictividad y atraviesan las clases sociales, las relaciones capital trabajo, las cuestiones étnicas y de género, las condiciones de producción, los lineamientos político culturales de la Nación. Pero, es solo en este marco de legitimidad democrática que dicha agenda y el amplio marco de actores sociales pueden aventurarse -y aventurarnos- tanto en el reconocimiento de todas las particularidades, como en búsqueda del consenso y del bien común.