Para comprender plenamente los discursos de odio en Argentina, es fundamental situarlos en su contexto histórico. En primer lugar, se puede desatacar que los mismos no son un fenómeno nuevo ni una particularidad que atañe solo a nuestro país. Durante el siglo XX, con el ascenso de los fascismos, el etnonacionalismo y los extremismos religiosos, se reconocen una serie de experiencias y acontecimientos que se vinculan al fenómeno como el generador de climas sociales que favorecieron la instauración de regímenes de tipo autoritarios y totalitarios, donde se hallan manifestaciones de extremas violencia en cuanto al daño real sobre la propia vida de diferentes grupos sociales al interior de cada país. Ejemplos de ello, como destaca la ONU, fueron el holocausto del pueblo judío por parte del nazismo y el fascismo en Europa, el genocidio armenio perpetrado por el gobierno de Turquía en 1915, el genocidio camboyano en los 1970, el genocidio tutsi en Ruanda en 1994 y el genocidio de Srebrenica en Bosnia-Herzegovina entre 1992- 1995[i].

Ya entrado el siglo XXI, como evidencian investigaciones sobre el caso[ii], los discursos de odio reaparecieron en torno a la situación atravesada por refugiados y migrantes en Europa y Estados Unidos que escapaban de conflictos armados y situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómicas. Dicho contexto, sumado a la crisis económica en el norte global iniciada en 2008, avivó posturas de nacionalismos excluyentes por parte de sectores sociales y gobiernos ubicados en el espectro ideológico de las derechas, como el Partido Popular y Vox en España o el Partido Republicano con llegada de Donald Trump a la presidencia del país del norte.

En el plano regional, dichos discursos reaparecieron en contextos particulares. En Colombia, a partir de 2010 en torno a la radicalización de la polarización social entre dos posturas contrapuestas en el marco de las negociaciones por el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los grupos guerrilleros y paramilitares, hecho que suscito la convocatoria al plebiscito de 2016 donde el “No” obtuvo el mayor número de votos por parte de la ciudadanía. En México y Brasil, el fenómeno se reconoce en 2014 relacionado a la violencia ejercida sobre las identidades LGTBIQ+ y minorías sexuales y étnicas. A su vez, posteriormente en este último país, se le sumará una corriente social “antipetista” expresada por sectores de clase media y liderazgos como el de Jair Bolsonaro que en 2019 alcanzará la presidencia del país con un discurso marcadamente homofóbico, xenofóbico, misógino y de reivindicación a la dictadura; transformándose así, en la expresión más acabada de los gobiernos de extrema derecha en la región.

En el ámbito nacional, a lo largo de los registros de nuestra historia como nación, se evidencian formas de odio que aparecen sedimentadas en diferentes contextos, las cuales, en muchos casos, han actuado como generadores de climas legitimadores para practicas violentas posteriores. En este sentido, el intento de exterminio por parte del Estado contra los pueblos originarios, el gaucho y los afroamericanos -asociados a categorías fenotípicas  de estigmatización como la del “gaucho malo y haragán”, el “indio sucio y ladrón” o el “negro esclavo”-,  adoptó un odio de tipo racial y cultural que se enraizó al interior de la antinomia sarmientina  de “civilización y barbarie”[iii]. La misma dio sentido al clima político de la época donde lo civilizado fue configurado como sinónimo de lo urbano, lo europeo y el progreso, frente a un paisaje social autóctono visto como indómito e incapaz de adoptarse al mundo moderno.

Posteriormente, en la Argentina del centenario, el odio manifiesto de la elite política y cultural inscripta en el proyecto modernizador oligárquico, se direccionó hacia la “chusma ultramarina” bajo la lógica de un afuera amenazante y un adentro a proteger. Dicho direccionamiento, se ancló en la configuración excluyente de la identidad nacional que potenció posturas xenófobas en un contexto donde el problema social se vinculó al “aluvión inmigratorio”. Aquí los discursos de odio se reconfiguraron bajo el clivaje entre lo foráneo y lo nacional, donde a través de una letanía reaccionaria, el ethos odiante identificó como invasiva, decadente y peligrosa la afluencia de migrantes pobres europeos -principalmente españoles e italianos- percibida como la antítesis disolvente de la tradición patria o argentinidad esencialista a proteger[iv].

Con la emergencia del peronismo el 17 de octubre de 1945, el odio cobró sentido en torno a la polarización social más duradera en términos históricos resumida en la antinomia peronismo-antiperonismo, cuyos significantes expresaron la alteridad entre la tradición nacional popular y la liberal conservadora. En esta etapa, expresiones como “aluvión zoológico”, “negros de alma”, “cabecitas negras” o “viva el cáncer”, fueron generando el devenir de climas de intolerancia que se manifestaron de formas extremas en acontecimientos trágicos de nuestra historia como: los bombardeos de Plaza de Mayo, los fusilamientos en José León Suarez y los 18 años de proscripción del peronismo. Dicho devenir trajo como correlato la instauración de un régimen de gobierno excluyente y tutelado por el sector militar. Como han destacado Alejandro Grimson y Menara Guizardi (2021), autores como Gustavo Franceschi o Arturo Jauretche, inmersos en el contexto, recurrieron a la categoría de odio como herramienta analítica para pensar el clima político del momento, haciendo énfasis en los efectos de su irradiación social y rol de la intelectualidad en la instauración de estos tipos de discursos en la esfera pública.

El comienzo de la última dictadura cívico-militar en 1976 representaría una las etapas más sombrías de nuestra historia. El proceso violento iniciado, que alteró nuevamente la convivencia democrática, provocó la identificación de un nuevo sujeto político a quien direccionar el odio ahora personificado en la figura de lo “subversivo”[v]. A esta figura, se la emplearía para designar al “enemigo interno” o “amenaza comunista”, cuyo rótulo habilitó tratos deshumanizantes[vi] y justificaría el consecuente aniquilamiento a través de los métodos más violentos ejercidos por del terrorismo de Estado[vii].

Con el retorno de la democracia en 1983, se fijaron limites en cuanto a lo que se podía decir y hacer con respecto a los adversarios políticos. Este “pacto social”, que significó la garantía y el respeto irrestricto de los derechos humanos, se resumió en el significante “Nunca Más” e inició una nueva etapa para el país. Sin embargo, transcurrido el proceso democrático, la categoría de discurso de odio se convirtió nuevamente en un recurso analítico relevante para comprender ciertos acontecimientos que paulatinamente cobraron relevancia en el escenario nacional a principios del siglo XXI.

En este contexto, el odio como práctica instrumentalizada, experimentaría un resurgimiento con la radicalización de la polarización política, vinculada con acontecimientos generadores de grandes movilizaciones sociales. Aquí, puede destacarse tanto la discusión en torno a la Resolución 125 como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Ambos acontecimientos enfrentaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) con «el campo» y los grandes medios de comunicación privados respectivamente, significando un punto de inflexión para los escenarios venideros. Esta antinomia, condensada a través del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo y popularizada como “la grieta”, se transformaría en lo que Luis Quevedo e Ignacio Ramírez (2021) denominaron como «la ley de la gravedad de la política contemporánea”, eso que no se ve, pero que determina todo lo demás siendo la expresión de antiguas confrontaciones ahora resignificadas. En este escenario, los discursos de odio se articularon y operaron de manera vertical y horizontal. Lo que significa que fueron configurados tanto por los representantes vinculados a fuerzas partidarias opositoras al kirchnerismo, como por los grandes medios de comunicación y un sector de los intelectuales y referentes de la cultura.

En el devenir de la última década, se observa que el odio ha experimentado una exacerbación hacia sujetos sociales que formaron parte del proceso de reconocimiento y ampliación de derechos durante los gobiernos kirchneristas. Aquí se incluye a los trabajadores desempleados, el colectivo LGTBIQ+ y los movimientos de mujeres y derechos humanos, entre otros. La reacción antiigualitaria y antipluralista, se viene manifestando en sectores medios, referentes partidarios y una porción del periodismo por medio de nuevas categorías de estigmatización (choriplaneros, feminazis, kukas, parásitos) que circulan socialmente a través de caracterizaciones discriminatorias basadas en la clase social, la ideología política, el cuerpo, el género, la orientación sexual, los rasgos étnicos y la nacionalidad. De esta forma, dicha reconfiguración ha influido significativamente en la dinámica de los discursos de odio y en la intensificación de tensiones comunitarias, naturalizando una peligrosa dicotomización ideológica entre “buenos” y “malos”, “eficientes” y “vagos”, “emprendedores” y “asistidos”, “contribuyentes” y “privilegiados” y “nativos” y “extranjeros”. Dicho panorama no hace más que instalar en el ideario social la noción de que existen grupos asimilables a un “escollo” o “peso” para el desarrollo país.     

A su vez, este proceso supone una transición de modos simbólicos de estigmatización a hostigamientos materiales o legales. Es importante mencionar que la evolución de esta transición se acentuó con el ascenso y la radicalización de las nuevas derechas en nuestro país, tanto en el ámbito gubernamental como en el parlamentario y social. Esto se reflejó en la experiencia presidencial de Mauricio Macri en 2015, donde reaparecieron discursos negacionistas que volvieron poner en duda el número de desaparecidos, buscaron implementar mecanismos para facilitar la salida de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad o sostuvieron la promesa de acabar con el “curro de los derechos humanos”[viii]. Además, también se destaca la adopción del punitivismo securitario en lo referido a la implementación de políticas represivas que acarrearon consecuencias trágicas, como los eventos ocurridos en el sur país donde perdieron la vida Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por el accionar de las fuerzas de seguridad nacional al mando de la entonces ministra Patricia Bullrich.  

Asimismo, otros ejemplos de esta tendencia se observan en la obtención de bancas parlamentarias en 2021 por parte de miembros de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, con un discurso abiertamente antipolítico y autoritario; sumado a la notoriedad pública que alcanzaron las manifestaciones violentas y los escraches realizados durante el gobierno de Alberto Fernández por parte de agrupaciones partidarias como Revolución Federal, Unión Republicana o Jóvenes Republicanos[ix]. De esta forma, el contexto de crisis económica y los efectos de la pandemia despertaron pasiones negativas que actuaron como caldo de cultivo para la configuración de prácticas asimilables al “fascismo social”[x], sirviendo como antesala para la convalidación de eventos de suma gravedad institucional, cuyo ejemplo más extremo fue el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta CFK.

En suma, el devenir de los discursos de odio cobró fuerza performativa sobre el clivaje de la polarización política de los últimos años. En la actualidad, se ha producido un desplazamiento de la dicotomía kirchnerismo- antikirchnerismo a la de democracia-autoritarismo. Este cambio refleja la reconfiguración de la dinámica política y la conceptualización de los conflictos, centrando la atención en cuestiones de mayor amplitud relacionas con la salud de las instituciones democráticas y la amenaza de posturas antipluralistas, transformándose así, en el eje sobre el cual se reconfiguran las identidades políticas y se agudizan los debates sociales sobre las problemáticas públicas.