Facultad de Ciencias Humanas

14 agosto, 2022 10:33 pm

8 de agosto - Inicio del segundo cuatrimestre

Argentina

y el

FMI

pesa

que pesa

lo que pesa

de lo que pesa más

de lo que pesa debiendo más

de lo que pesa nace debiendo más

de lo que pesa en plata nace debiendo más de lo que pesa

“cada argentino, en plata, nace debiendo más de £o que ₱esa”

(3) D.F. Sarmiento, El censor, 1885

Poema de Omar Chauvié. Del libro deuda & literatura

ARGENTINA Y EL FMI, LA ESPERANZA ES LA SALIDA

Por: Noemí Brenta
Conicet-UBA-UTN FRGP

En la mañana del 8 de junio de 2022, el presidente Alberto Fernández llegó a Los Ángeles para la IX Cumbre de las Américas, despejando las dudas sobre su participación, generadas a partir de la exclusión de tres países latinoamericanos cuyos regímenes políticos disgustan a Washington y que decidieron a nueve presidentes de la región a no asistir a la Cumbre. El mismo 8 de junio, el FMI anunció la aprobación técnica de la primera revisión del acuerdo de servicio ampliado de Argentina. La coincidencia entre la fecha del comunicado del FMI y la del arribo del presidente a Estados Unidos no fue casual, sino una muestra del condicionamiento que sufren los países bajo programas del FMI. Este organismo, de carácter político a pesar de su ropaje técnico, responde primordialmente a los intereses estratégicos, económicos y financieros de la gran potencia, y lo hace sentir. 

El doble rol del FMI impregnó la intensa relación de Argentina con el organismo,  en sus tres etapas. En la primera, de 1956 a 2006, que va desde su adhesión a los convenios de Bretton Woods hasta la cancelación anticipada de su deuda con el organismo, el país permaneció 42 años bajo programas del FMI, de diversos tipos y grados de condicionalidad (ver cuadro). Dentro de ese período, entre 1982 y 2001, Argentina estuvo constantemente bajo programas del FMI o tratando de obtener su aprobación. En ese marco, se aplicaron permanentes planes de ajuste y reformas estructurales pro mercado, que profundizaron el sobreendeudamiento heredado de la dictadura de 1976-1983, también apoyada por el FMI, y provocaron la mayor crisis económica, política y social de la historia contemporánea del país, sumiendo a la mitad de la población en la pobreza.

Argentina. 1956-2022. Autorizaciones de giro y acuerdos con el FMI (excluye tramo oro/reservas)
Año de
Aprobación
Tipo de acuerdo o de autorización de giro
* Montos, en millones

Acordado

Girado
1957Primer tramo de crédito37,525
1958Stand by7543
1959Stand by100100
1960Stand by10060
1961Stand by1000
1962Stand by100100
1963Stand by, extensión del acuerdo 196250 
1966Segundo tramo de crédito3030
1966Compra para pagar aumento de cuota1818
1967Stand by1250
1968Stand by1250
1972Compensatorio por fluctuaciones de exportaciones32664
1972Primer tramo de crédito110110
1975Servicio financiero del petróleo7676
1975Compensatorio por fluctuaciones de exportaciones110110
1976Compensatorio por fluctuaciones de exportaciones110110
1976Primer tramo de crédito ampliado y stand by260160
1977Stand by1600
1983Stand by y compensatorio por fluctuaciones de exportaciones1.500601
1984Stand by y compensatorio por fluctuaciones de exportaciones275275
1987Compensatorio por fluctuaciones de exportaciones389389
1987Stand by1.113804
1988Compensatorio por fluctuaciones de exportaciones233233
1989Stand by1.104506
1991Stand by780439
1992Facilidades extendidas, aumentado y prorrogado en 19954.0204.020
1996Stand by720613
1998Facilidades extendidas2.0800
2000Stand by, aumentado en 200116.9379.757
2003Stand by2.1752.175
2003Stand by8.9814.171
2018Stand by40.71431.914
2022Facilidades extendidas  
* En dólares hasta 1970; en DEGs desde 1971
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI, Informe Anual y acuerdos de Argentina con el FMI.

En la segunda etapa, de 2006 a 2017, el país mantuvo su membresía en el FMI pero no le solicitó financiamiento; ésta es la situación más deseable para un miembro del organismo, y es la conducta seguida por la mayoría de los 192 estados y territorios que lo integran. Hasta 2015, la deuda externa dejó de ocupar el centro del escenario económico, y retornó a niveles sustentables, compatibles con el crecimiento y la inclusión social. 

La tercera etapa comenzó en 2018, cuando el gobierno de derecha de la alianza Cambiemos (2015-2019),  solicitó y el FMI aprobó, bajo la influencia del presidente estadounidense Donald Trump,  el mayor  stand by de la historia del organismo. El monto del acuerdo,  desembolsado a gran velocidad, excedía largamente la capacidad de repago de Argentina, por lo que esta suerte de trampa financiera y geopolítica la capturó nuevamente. Imposibilitado de afrontar los abultados vencimientos, en 2022 el gobierno siguiente, del Frente de Todos, negoció un acuerdo de servicio ampliado para pagar el stand by. 

El standby de 2018

En 2016, el gobierno de Cambiemos autorizó al FMI a reanudar la consulta del art. IV del Convenio Constitutivo. Los técnicos del FMI criticaron duramente las políticas de la etapa kirchnerista y formularon su beneplácito por el pago a los fondos buitres del monto total reclamado, y por las nuevas políticas de apertura financiera y comercial. Pero ya el informe de 2017 advertía los riesgos del elevado déficit de la cuenta corriente, 4,8% del PIB, y de la débil sustentabilidad de la deuda pública exgerna, acrecida velozmente por la nueva administración.

En plena crisis cambiaria y recesión, y ya sin acceso a los mercados voluntarios de deuda, el 8 de mayo de 2018 el presidente de la Nación anunció en un brevísimo discurso el inicio de conversaciones con el FMI para obtener  financiamiento. El 70% de los argentinos reprobó esta decisión, según las encuestas de la época. El 20 de junio el directorio del FMI aprobó el decimonoveno stand by para Argentina, por un monto equivalente a 50 mil millones de dólares, en la modalidad de acceso extraordinario, y al día siguiente llegó el desembolso de 15 mil millones de dólares, que entraron en las reservas pero salieron rápidamente. 

A pesar de que el gobierno declaró que no utilizaría el monto restante, pronto solicitó un nuevo desembolso y la autorización del FMI para usar reservas para financiar la salida de las LEBACs, deuda de corto plazo del Banco Central, cuyo stock equivalía a la base monetaria. También solicitó adelantar los desembolsos previstos y ampliar el stand by, que el FMI llevó a 57 mil millones de dólares en octubre, el mayor en la historia del organismo, equivalente a 12,27 veces la cuota argentina. En solo trece meses el FMI desembolsó un monto equivalente a 44,5 mil millones de dólares, 10 veces la cuota argentina, bajo la influencia del gobierno de Estados Unidos, interesado en terciar en favor de Macri en las elecciones de 2019, según declaró Mauricio Claver Carone, un alto funcionario de Washington. Tras la derrota de Macri en las elecciones primarias, el FMI no habilitó nuevos desembolsos ni el nuevo gobierno que asumió en diciembre de 2019 los solicitó, sino que en julio de 2020 anunció la suspensión del stand by. 

La evaluación del FMI acerca del stand by admitió que no se cumplió ninguno de los objetivos del programa, que el stand by asumió supuestos demasiado optimistas, y que su asesoramiento fue errado, al no recomendar a tiempo la reestructuración de la deuda externa y la regulación de la salida capitales. En este sentido, un estudio del BCRA determinó que más del 80% de los desembolsos recibidos bajo el stand by se utilizaron para la fuga de capitales y la reversión de inversiones de capitales especulativos, fines prohibidos por las normas del FMI. Este hecho, y otras irregularidades cometidas en la tramitación y gestión del stand by, desencadenaron varias denuncias y procesos judiciales que se encuentran en curso. 

 

A pesar de los gruesos errores, irregularidades y discrecionalidad del FMI y del gobierno que tomó el stand by, nada alteró la imperturbabilidad de los tiempos y procesos burocráticos. En 2021 comenzaron los vencimientos de capital de la deuda con el organismo, que el gobierno atendió con recursos presupuestarios y con la asignación de degs recibida de la gran emisión del FMI, vinculada a la crisis desatada por la pandemia del Covid19. 

Según el cronograma original de recompras del stand by, Argentina debía entregar al FMI en 2022 y 2023 unos 40 mil millones de dólares, suma imposible para las cuentas fiscales y para las del sector externo, en tanto equivalía a las reservas totales del BCRA. 

El acuerdo de servicio ampliado del FMI, 2022

En este marco se desenvolvieron las negociaciones de un acuerdo de servicio ampliado (o de facilidades extendidas, su traducción del inglés), “para acordar un nuevo programa con el FMI que suceda al cancelado y descarrilado stand by de 2018”, según la carta del gobierno argentino del 26 de agosto de 2020, dirigida a Kristalina Georgieva, directora general del organismo.

El gobierno buscaba refinanciar la deuda para iniciar el repago en un plazo más largo que el stand by y con condicionalidades más favorables al crecimiento de Argentina. Las negociaciones se extendieron durante más de un año, y se aceleraron al acercarse la fecha de dos vencimientos del stand by imposibles de afrontar con las reservas disponibles, en marzo de 2022. 

Por primera vez en Argentina, el programa de servicio ampliado acordado con el FMI fue aprobado por el Congreso Nacional (ley 27.612) previo a su presentación formal al organismo. El poder ejecutivo nacional adjuntó al proyecto de ley los dos memorandos, el de políticas económicas y financieras y el técnico de entendimiento, que forman parte de la documentación del acuerdo. 

El 25 de marzo de 2022 el directorio ejecutivo del FMI aprobó el acuerdo, por un monto equivalente a la deuda pendiente por el stand by más los montos de capital pagados en 2021, un total de 44 mil millones de dólares. El FMI desembolsará esta suma en cuotas trimestrales, por un plazo de dos años y medio, que es todo el período en el que caen los vencimientos del stand by. Cada desembolso del FMI queda sujeto al resultado de una revisión previa, para evaluar el cumplimiento de las condicionalidades del acuerdo. 

El repago de Argentina comenzará en septiembre de 2026, de este modo el país ha ganado aire financiero durante cuatro años y medio. Pero es necesario recordar, en primer lugar, que el FMI es el acreedor más condicionante de todos en la política económica y social, incluso en el proceso político y en la política exterior. Asimismo, las revisiones pueden dificultar los desembolsos e imponer nuevas exigencias; en particular, si el gobierno debiera solicitar una dispensa por incumplir alguna condicionalidad.

Por último, si bien las condicionalidades de este acuerdo son  algo menos exigentes que las de los programas anteriores de Argentina con el FMI, durante la vigencia del servicio ampliado queda un flanco abierto para la intromisión directa del organismo y de los intereses que representa en los asuntos internos del país. Y esta situación continuará, atenuada, mientras Argentina siga endeudada con el FMI, en el mejor de los casos, de cumplirse todas  las revisiones, desembolsos y recompras de acuerdo a lo previsto, hasta 2034. 

Más allá de los resultados de los reclamos en foros internacionales, en los que por ahora no es posible abrigar muchas esperanzas porque la presencia de Estados Unidos y sus aliados es dominante, es necesario buscar alternativas para salir del programa del FMI, porque no es imprescindible continuar el acuerdo y sí lo es terminar con esa tutela y recuperar los resortes de la economía nacional. Si se consiguen fondos de otras fuentes es posible pagar lo que resta del stand by  y devolver los desembolsos realizados bajo el servicio ampliado. En este sentido, la idea de constituir un fondo específico en dólares para pagar al FMI, con las penalidades cobradas sobre los bienes en el exterior no declarados pertenecientes a residentes argentinos es muy innovadora, y además significaría un gran alivio, porque el pago al FMI ya no quitaría recursos del presupuesto público, sino que liberaría fondos para salud, educación, infraestructura, desarrollo y también esperanza.

Fondo, otra vez la misma receta (2020) - Un documental de Alejandro Bercovich

La reaparición del FMI, tras la recaída argentina en el endeudamiento externo, disparó preguntas y debates que por más de una década habíamos abandonado. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién lo controla? ¿Qué proponen sus recetas? ¿Quién las diseña? ¿Cambió el Fondo, o sigue siendo el mismo que contempló indiferente la caída de la Argentina en 2001? Alejandro Bercovich traza un recorrido que une Grecia, Portugal, Estados Unidos y Argentina.

EL ACUERDO CON EL FMI ES INCUMPLIBLE

Por: Horacio Rovelli.
Prof. en Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

El acuerdo con el FMI es incumplible porque la economía Argentina solo crece sostenidamente si lo hace en base a su mercado interno y, para ello se requiere redistribuir el ingreso a favor de la población y no, como lo plantea el acuerdo de propiciar a como dé lugar la venta al exterior de productos primarios incluso con algún grado de industrialización, que no genera trabajo y menos trabajo de calidad. Nos preguntamos cuantas horas de labor requiere exportar por año más de 37 millones de toneladas de maíz en grano (en el año 2021 se vendieron al exterior 38,2 millones de toneladas y se declaró una producción de 57,7 millones), o 14 millones de toneladas de trigo, o un millón de toneladas de  carne.  A lo que debe sumarse la exportación de minerales y de petróleo y gas, todos rubros muy concentrados en pocas empresas, además del riesgo ambiental que implican su producción en nuestro país donde no se toman las mimas medidas de seguridad que en las sociedades desarrolladas. Sin saber quienes compraron los 45.000 millones de dólares que le prestó el FMI al gobierno de Macri(1), se aprueba en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el plan de pagos con el FMI en que, con ahorro argentino se le paga los intereses y el capital se renueva con un nuevo préstamo de ese organismo internacional a 10 años de plazo, con cuatro años de gracia para abonar el mismo, de manera tal que cumpliendo con todos los requerimientos, la deuda con el FMI se terminaría de cancelar en el año 2034. Visto los memorándum de Entendimiento Técnico y el de Políticas Económicas y Financieras del FMI, queda claro que disminuyen los subsidios energéticos y al transporte por un lado,  y que  al revés de lo que afirma la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, no tiene como objetivo limitar el proceso inflacionario en la Argentina, sino que por el contrario se propicia el aumento generalizado de los precios, sobre todo de los alimentos, agravado incluso por el conflicto Ucrania-Rusia, que los grandes empresarios productores, acopiadores y comercializadores trasladan al mercado interno argentino (sin tener en cuenta el costo local, sino el precio internacional), como lo demuestra el precio de la carne, del maíz y del trigo en la Argentina en estos días.

1 Recién el 3 de marzo 2022, la Jueza María Eugenia Capuchetti releva al BCRA del secreto bancario de la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977, para que dé a conocer los nombres de los principales compradores de dólares  desde que se firmó el acuerdo con el FMI en junio de 2018.

La inflación persistente, primer problema del acuerdo con el FMI

La inflación (el aumento generalizado de los precios) es buscado y consecuencia del acuerdo con el FMI,  la transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados y todos los que están ligados al mercado interno (industria, comercio, construcción, etc.) y el ajuste fiscal, se producen porque aumentan los precios, que disminuyen la capacidad adquisitiva de la población. Favorece a la administración pública que recauda nominalmente más impuestos (En la administración nacional el IVA, impuesto al combustible, impuestos internos, al débito y crédito bancario, etc.; en las provincias el impuesto a los ingresos brutos esencialmente, sellos y otros, todos ellos están atados a los precios) y, para emplear ese beneficio no se incrementa en igual medida las jubilaciones y pensiones y el subsidio a la energía y la transporte, que son los dos gastos fundamentales del presupuesto de la Administración Nacional.

El gasto más importante que se realiza es el pago previsional, que fue del 43% de su presupuesto total en el año 2021.  Se trata de 7.100.000 beneficiarios donde más del 50% perciben la jubilación mínima o en torno a la mínima (desde marzo 2022 de $ 32.460.- por mes) aunque hay jubilaciones de privilegio, como la de los 61 ex jueces que perciben más de un millón de pesos de jubilación mensual, haberes se ajustan por una fórmula de movilidad que excluye expresamente la inflación.

Lo mismo pasa con los salarios que se deterioran por el aumento generalizado de los precios, esencialmente los alimentos, redistribuyendo ingresos a favor de los remarcadores (que son las grandes empresas productoras y comercios), en síntesis, se abarata la mano de obra medida en dólares, porque el dólar y lo confirmó el Presidente del BCRA, acompañará la evolución de la inflación, para preservar la capacidad adquisitiva de las divisas (no la de los salarios y jubilaciones y pensiones).

Apuntalamiento del Capital Financiero, segundo problema generado por el Acuerdo

Ingresan más fondos del FMI en el año 2022 que los vencimientos de capital, pero en los años 2023 y 2024 el aporte del FMI es menor que los vencimientos que se deben pagar.

En efecto, en el acuerdo para el año 2022 ingresaron el 31 de marzo 2022 la suma 7.000 millones de DEG (unos 9.800 millones de dólares), de los cuales 2.800 millones son para pagar la 3era. cuota de capital de la deuda con el mismo FMI,  otros 630 millones para pagarle intereses al FMI en abril y, unos 500 millones para pagarle al Club de París, la diferencia, unos 5.870 millones de dólares se emplearán para reconstruir el mercado de capitales, que es como eufemísticamente nombran el hecho de generar nuevos títulos de deuda nacional en dólares para permitir que Franklin Templeton, PIMCO y otros fondos de inversión que tienen acreencias en títulos en pesos(2), convertirlo en dólares y volverlo a fugar.  

El ministro Martín Guzmán cuando expuso el lunes 7 de marzo 2022 ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, negó que esto sea así, afirmando que el crédito era en DEG y que su conversión debería ser autorizada por el FMI, como si ello fuera un gran impedimento,  negando el accionar del FMI que le prestó al gobierno de Macri en pleno proceso de fuga de capitales (cosa que teóricamente lo prohíbe su propio estatuto constitutivo), y negando la influencia que tienen los fondos de inversión sobre el organismo internacional que es fácilmente demostrable en todos los países del mundo y en la Argentina principalmente.  Este acuerdo y esta medida especialmente garantizan la salida de capitales de los fondos que se quieran ir.

En el año 2022 vencen cuotas de capital con el FMI por 19.620 millones de dólares y se tiene previsto que el crédito del FMI va a ser (cumpliendo todas las metas trimestrales del año en curso) de 24.620 millones.  Pero en el año 2023 vencen cuotas de capital por 18.815 millones de dólares e ingresan fondos del FMI por 16.615 millones de dólares.  Y en el año 2024  que vence capital por 4.700 millones, e ingresan recursos del FMI por 1.100 millones de dólares

Es obvio que el escalonamiento de los desembolsos es para, en su lógica financiera, asegurar la salida y con ello la posible entrada de capitales, que es como creen que se puede financiar el Tesoro de la Nación y de esa manera remplazar el financiamiento  por el BCRA, que en el año 2021 fue del 3,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente al tipo de cambio oficial a 15.400 millones de dólares) y, este año 2022 solo le permiten financiarse por el 1% del PIB (unos 4.116 millones de dólares).

Debemos mencionar paralelamente que el gobierno nacional realizó una fuerte reconversión del gasto en salud y en asistencia social a la población en el año 2020, que le ocasionó un déficit primario (antes del pago de la deuda) del 6,37% del PIB (prácticamente la cuarta parte del presupuesto nacional ejecutado del año 2020 fue deficitario). Ese déficit fue financiado por el BCRA y, mayoritariamente por la colocación de títulos de deuda en pesos de corto plazo, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que se construye desde el IPC (Índice de Precios al Consumidor del INDEC) por ejemplo el BONCER (Bonos ajustados por el CER más un plus) y,  por dólar linked,  es en pesos pero se ajusta por el valor oficial del dólar más un plus.

Bien el gobierno ha venido renovando a los vencimientos los títulos pero ante el incremento inflacionario y del valor oficial del dólar, esa deuda interna, en pesos y de corto plazo, se acrecentó para representar el 14,5% del PIB (PIB que se estima en 416.111 millones de dólares).

Obviamente los números no cierran por ningún lado, pero ni al gobierno y menos al FMI, pareciera importarle.

2  Las estimaciones extraoficiales dicen que poseen  títulos por el equivalente a unos 4.000 millones de dólares.

Tercer problema: la suba de la tasa de interés

El objetivo monetario es que la tasa de interés real sea mayor que la inflación y la devaluación del tipo de cambio.

Esto es, recrean la bicicleta financiera (carry trade) porque su lógica es que para que no se pasen a dólares, la retribución en pesos debe ser más redituable que comprar divisas.  Con la tasa de interés positiva confiscan el capital de las empresas endeudadas en pesos, que incluso lo hacen porque no pueden vender (conservan un stock mayor que el necesario) ante el cada vez menor mercado interno por la inflación (que reduce la capacidad adquisitiva a  la población).

A su vez perjudica a todos los que tienen deuda en pesos e imposibilita tomar crédito para refacciones o compra de bienes durables.

Con la suba de la tasa de interés se garantiza la ganancia de los bancos, sobre todos los nueve bancos privados(3) que tienen al mayor volumen de depósitos, y que son también los mayores poseedores de Leliq (Letras de Liquidez del BCRA), Notaliq (Notas de Liquidez) y otras inmovilizaciones (pases pasivos) que suman 5 billones de pesos a abril 2022.

El perjudicado es también el BCRA que deberá pagar un interés(4) mayor por las inmovilizaciones referidas (una cada vez mayor tasa de interés sobre los 5 billones de pesos)  que torna un déficit cuasi fiscal o del BCRA que es impagable.

3 Bancos Santander, Galicia, Bilbao Vizcaya, Macro (en estos cuatro bancos tiene participación Black Rock), Credicoop, Citi, Patagonia, HSBC, Supervielle

4 El miércoles 12 de abril 2022 el BCRA decidió incrementar la tasa  de referencia en 250 puntos básicos, para ser del 47% nominal anual, que efectiva (dado que el vencimiento mayoritario es en torno a los 7 días) es del 58% anual

Cuarto problema: el transfondo del acuerdo es quedarse con nuestros recursos naturales

Como las metas que se acuerdan con el FMI finalmente no se van  a poder cumplir, se promociona (a costa del ingreso del Estado) cuando no lo necesitan, a las empresas hidrocarburíferas y mineras, o se busca que las exportaciones de bienes que alcanzaron los 77.900 millones de dólares  en el año 2021 impulsadas por los precios y por las cantidades (cuando la soja, el maíz, el trigo y todo sus derivados  tienen precios record en los mercados internacionales), con records en el país de producción de maíz, de trigo y de cebada, pero nada se dice como impacta en los precios internos esos productos (pensemos en el precio del pan, de la harina, etc.) en el mercado interno, por un lado, y del impacto ambiental que tienen esas producciones y actividades por otra parte. Las medidas anunciadas como paliativas de la persistente suba de los precios de los alimentos en la Argentina (economía familiar, cooperativas alimenticias, etc.) son como una aspirina para un enfermo terminal, cuando se debería aumentar fuertemente los derechos de exportación (retenciones), poner cupos de exportación a la carne, al maíz y al trigo y controlar férreamente el valor del dólar. 

Se debe tener en claro que así como tras la hiperinflación de los años 1989 y 1990 se logró frenar malvendiendo las empresas públicas (YPF, SOMISA, ELMA, SEGABA, FFCC, Aerolíneas Argentinas, etc.), ahora vienen por el litio y los minerales raros de nuestra puna, del gas que quieren sacar a 6.000 metro bajo del nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense; del petróleo de San Carlos en Mendoza; de hierro y plata de la meseta de Chubut;  del oro y cobre de Famatina en La Rioja y de Agua Rica en Catamarca, por más que sus pueblos con justa razón se oponen.  En seguir súper explotando el Río Paraná y en no respetar nuestro suelo con cultivos transgénico, talado de bosques y hasta incendio de los campos.

Quinto problema: profundiza la pobreza y la exclusión social

En una sociedad con niveles de pobreza, desocupación y exclusión social como pocas veces se vivió  y que, corre el riesgo de agravarse y sin punto de retorno de aplicar las medidas propuestas por el FMI, implica mayor pobreza y mayor exclusión social y un conflicto social inminente.

Lo único que garantiza el acuerdo con el FMI es que la mayoría de los jubilados y pensionados van a cobrar la miseria que cobran ahora y aún menos hasta 2034.  Y que los asalariados les va a costar más conseguir empleo y que cada vez va a ser, en términos de poder adquisitivo con una remuneración menor.

En Síntesis

Este país ya ha vivido las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, no fue fácil pero finalmente con el alto costo de sangre inocente, se consiguió un gobierno que defendió el mercado interno, el trabajo y la producción nacional y, la Argentina se puso de pie y crecía en forma sustentable y redistribuía ingreso en forma progresiva. Pareciera que el poder económico no teme que este proceso desemboque en lo mismo y lo que es peor sin Néstor Kirchner.  Cuando se enciende el fuego sin control, se corre el peligro de quemarse en la hoguera

 

El FMI y la deuda soberana argentina hoy: algunas notas para comprender el proceso

Por: María Emilia Val.
Prof. en EIDAES/UNSAM - FSOC/UBA

La historia muestra que las crisis de deuda soberana son episodios recurrentes para los países en desarrollo que, siguiendo los vaivenes en la liquidez y los flujos financieros internacionales, experimentan olas de crecimiento del endeudamiento seguidas de moratorias y defaults. En el caso de Argentina, desde la expansión de la globalización se sucedieron tres ciclos de endeudamiento acelerado: en la última dictadura militar, durante la vigencia de la Convertibilidad en los ‘90 y en el período 2016-2018. Todos los episodios se correspondieron con reorientaciones del modelo económico doméstico hacia la financiarización y llevaron rápidamente a la insostenibilidad, derivando en negociaciones para la reestructuración con participación del FMI. 

Hoy, la presencia del Fondo como actor en el escenario doméstico luego de más de una década de ausencia es resultado de un desarrollo particular, que es necesario repasar para comprender la centralidad que el organismo posee actualmente (tanto en términos financieros como políticos) y que poseerá durante los años por venir. 

Luego de una década de reestructuraciones y cancelaciones de compromisos que llevaron la deuda a niveles históricamente bajos con un perfil con mayores grados de sostenibilidad(1), en 2016 se lanza el tercer ciclo de endeudamiento acelerado de la mano del giro en la política económica y externa de la administración de Mauricio Macri. El gobierno de Cambiemos buscó diferenciarse de la política prevaleciente hasta su asunción y avanzó en un plan económico pro-mercado y aperturista. Muy tempranamente, se dispusieron medidas que implicaron el desmantelamiento de los controles cambiarios, de capitales y financieros heredados de las administraciones que le precedieron. Aunque la profundización de la restricción externa durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había impulsado un acercamiento a los mercados privados de capital, los fallos ligados al conflicto judicial con los fondos buitre en Nueva York habían bloqueado ese camino. Como aquellos impedían el reacceso al endeudamiento internacional que, en términos materiales, le permitiría conseguir el flujo de fondos con el que financiar la política de desregulación cambiaria y financiera (Rua y Zeolla, 2018) y, simbólicamente, expresar la voluntad de realinear al país bajo las lógicas financieras hegemónicas, es que el gobierno de Macri rápidamente resolvió la disputa. La misma supuso el reconocimiento de la legitimidad de los reclamos y para algunos de los fondos más combativos una ganancia de casi un 2000% (Cosentino et al., 2017).

Desde entonces, la euforia que generó la salida de Argentina a los mercados luego de quince años convirtió al país(2) en uno de los principales emisores globales, llegando incluso a colocar en 2017 un bono internacional con maduración de cien años. Manzanelli y Barrera (2018) muestran que uno de los aspectos más destacados de la primera mitad del mandato de Cambiemos fue “el considerable incremento de la deuda externa […] que fue en promedio de 32,9 mil millones de dólares a precios constantes en 2016 y 2017, lo cual se explica casi exclusivamente por el comportamiento de la deuda externa pública que aumentó en 30,1 mil millones de dólares en esos años” (25)(3). El ritmo en que el gobierno de Macri se endeudó en el mercado internacional fue tal que la posibilidad de acceder a nuevas emisiones se truncó en menos de dos años: en enero de 2018 el ministerio de Finanzas realizó la última colocación internacional. Cerradas las fuentes de financiamiento voluntario, durante la segunda parte del mandato se desató la crisis. Dada la apertura financiera irrestricta que facilitó la fuga de capitales, los niveles de vulnerabilidad de una economía con una inserción subordinada en las dinámicas financieras externas y dependiente de los flujos internacionales de capital se mostraron de manera clara durante la corrida cambiaria de mediados de 2018, que generó la perdida de reservas y depreció fuertemente el tipo de cambio, impactando sobre los niveles de inflación. Fue entonces que el gobierno recurrió a un salvataje del FMI que, a partir de la suscripción de un acuerdo stand by record (con un financiamiento de USD 57.000 millones, de los cuales se desembolsaron cerca de 45.000 millones), permitió sostener el modelo económico hasta las elecciones presidenciales. 

Las derivaciones de esta dinámica no fueron neutrales. Por un lado, en térmicos económico-financieros, los niveles de deuda aumentaron, empeoró su composición y crecientes recursos fiscales se destinan a su atención. La insostenibilidad en el stock y el perfil de endeudamiento llevaron a una renegociación integral de los pasivos soberanos a partir de la asunción del nuevo gobierno a finales de 2019. La misma supuso una reestructuración con los acreedores privados durante 2020, que generó con un alivio limitado y dudas sobre las posibilidades de cumplir las obligaciones en el mediano y largo plazo; tratativas para reestructuración de la deuda bilateral con el Club de París; y un nuevo acuerdo con el FMI en 2022 para el refinanciamiento de los compromisos asumidos. Por otro lado, el endeudamiento acelerado también tuvo efectos políticos, pues además de comprometer recursos fiscales crecientes para su repago que se sustraen a otras finalidades, ató nuevamente las decisiones gubernamentales a las lógicas y visiones imperantes en el mundo de las finanzas globales, subordinando las consideraciones de política económica al monitoreo y evaluaciones constantes que quitan márgenes de maniobra y condicionan a los gobiernos. 

En relación a esta problemática el papel del Fondo es fundamental. Como organismo financiero multilateral su rol es ofrecer financiamiento con condicionalidades a países con problemas en su sector externo. Desde los 70s, con el fin de Bretton Woods, el FMI ocupa el rol de manejo de crisis financieras y de deuda, a través tanto del rescate y asistencia financiera, como de su intervención en las negociaciones. El Fondo aparece como un actor complejo, con múltiples dimensiones a tener en cuenta. Aunque procura sostenerse como un organismo técnico y neutral, independiente de intereses geopolíticos y financieros, dada su orientación durante las crisis ha sido considerado el “gendarme de las finanzas”. Si bien es un actor que busca asegurar su permanencia en el tiempo como institución relevante, mostrando intereses propios y autonomía relativa, ha actuado como defensor de los posicionamientos de los acreedores, en línea con los intereses de las grandes potencias o del sector financiero internacional. En este sentido, es necesario poder comprender de forma amplia el papel histórico jugado por el FMI como institución del sistema de Bretton Woods, garante en última instancia de un cierto orden financiero internacional y del repago a los diferentes tipos de acreedores (por medio del financiamiento y las condicionalidades), pero también las especificidades que adquiere su relación con los países deudores en circunstancias y contextos concretos. 

En el caso de la Argentina en la actualidad, los límites políticos, la deteriorada situación económica y la magnitud de los compromisos hicieron que se firmara un nuevo acuerdo por dos años y medio con condicionalidades menos duras que las esperadas, aunque con serias dificultades para que sean cumplidas en las sucesivas revisiones. Aunque durante la reestructuración con privados de 2020 el FMI apoyó a la Argentina para que lograra resultados que la acercaran a la sostenibilidad, ahora debe presionar para asegurarse el cobro de sus acreencias y sostener las reglas imperantes dentro de los límites que le sea posible. En adelante, los funcionarios deberán someter las cuentas públicas y las políticas y al monitoreo periódico y lograr cumplir los compromisos y metas asumidas (eventualmente solicitar “waivers”) para lograr acceder a los desembolsos que les permitan evitar un impago y los potenciales desequilibrios asociados a éste. Ciertamente, el balance de fuerzas pone en evidencia a un país debilitado por estar altamente endeudado, y por tener importantes compromisos con un organismo como el FMI, con capacidad de definir y orientar las decisiones que afectan el escenario doméstico. La imposibilidad de estabilizar la economía, la dificultad para acumular reservas y el cierre de otras fuentes de financiamiento, entre otras dificultades, fortalecen la posición relativa del FMI, que vigilará de cerca la actuación de los gobiernos e impondrá “recomendaciones” que les permitan cumplir con el repago de la deuda.

Aunque no es posible anticipar de manera precisa los desarrollos concretos en las próximas tratativas con el Fondo, seguramente habrá tensiones y conflicto. Sin embargo, esta situación habilita la posibilidad (sino la necesidad) de una reflexión sobre los condicionantes impuestos por la deuda, las políticas a implementarse en nuestro país para evitar caer en el futuro en nuevos ciclos de endeudamiento irresponsable e insostenible, y las posibilidades de reforma en la arquitectura financiera internacional para potenciar las alternativas disponibles para los países en desarrollo frente a las crisis de deuda. Los límites y las potencialidades tanto de las iniciativas como las discusiones de las últimas décadas (el club de acreedores durante la crisis de deuda de los ’80, los 9 principios para la reestructuración de la deuda aprobados en la ONU, la reducción de las sobretasas en los préstamos de FMI) pueden servir de aprendizaje y referencia para continuar la construcción de caminos alternativos para las naciones deudoras en general y para la nuestra en particular.

1 El llamado proceso de “desendeudamiento” implicó no una disminución cuantitativa, sino un cambio cualitativo en la composición de los pasivos público (menos deuda externa, en moneda extranjera, con privados y con IFIs). Dos hitos fundamentales del mismo fueron la reestructuración de la deuda con privados defaulteada en 2001 (durante los canjes de 2005 y 2010) y el pago total al FMI a principios de 2006. En ambos se buscó “desintervenir” las decisiones de política económica de la injerencia de los acreedores externos, tanto privados como institucionales.

2 Además, debe considerarse el proceso de endeudamiento de los Estados subsoberanos.

3 Esto sin considerar las emisiones destinadas a cancelar la deuda con los buitres.

Bibliografía

Rua, M., y Zeolla, N. (2018). Desregulación cambiaria, fuga de capitales y deuda: la experiencia argentina reciente. Problemas del desarrollo49(194), pp. 5-30.

Cosentino, Adrian; Isasa, Matías; Carreras Mayer, Pablo; De Achaval, Fabián; Coretti, Mariel y Dall’o, Fabián (2017) Crisis y reestructuración de deuda soberana. Una visión sistémica desde la perspectiva de los países emergentes. Buenos Aires, Eudeba.

Manzanelli, P. y Barrera, M. (2018) “Deuda externa y corrida cambiaria. Un análisis del gobierno de Cambiemos en perspectiva histórica”. Cuadernos de Economía Crítica, 5(9), pp. 17-44.

Malvenido Rockefeller, malvenido FMI:

acción contemporánea de arte-política.

Hace 53 años, varios artistas plásticos se reunieron para rechazar simbólica y estéticamente la visita de Nelson Rockefeller, quien llegó a la Argentina en representación del mayor Imperio de la época a condicionar al gobierno a adoptar políticas funcionales a los intereses y objetivos estadounidenses. Bajo el lema “Malvenido Rockefeller”, se nuclearon artistas de diferentes extracciones ideológicas, políticas y conceptuales, con trayectorias diversas –en muchos casos antagónicas– que realizaron una exhibición conjunta el 30 de junio de 1969, cuya duración fue de apenas 24 horas, al ser censurada por la dictadura de Onganía.

El FMI como límite y posibilidad de la coalición gobernante

Por: Facundo Piovano y Pablo Caramelo.
Docente en la Facultad de Ciencias Económicas - UNRC y Economista - UBA

Cuando a comienzos de 2022  se anunció un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el mismo emergía como la alternativa más razonable en un contexto, de por sí, no deseable. Dicho entendimiento permitió sostener un sendero de recuperación económica que, aún en el marco de la pandemia, muestra guarismos sensiblemente mejores a los registrados bajo la gestión macrista. 

En efecto, según los últimos datos publicados por el Indec, en febrero pasado la actividad económica registró un crecimiento del 9,06% interanual y una expansión del 1,8% respecto a enero en la medición mensual desestacionalidaza. De esta forma, en términos de actividad el primer bimestre de 2022 fue el mejor de los últimos 4 años, marcando un crecimiento de 7,1% contra 2021, del 4,7% contra 2020 y del 2,8% contra 2019. En este marco de crecimiento, según la última medición publicada también por el Indec la tasa de desempleo cayó al 7% en el cuarto trimestre de 2021, frente al 11% registrado en el mismo período del año anterior y el 8,2% del trimestre previo. De esta forma el desempleo alcanzó el menor registro de los últimos cinco años.

No obstante, ya con el Fondo codirigiendo la política económica, vale recordar aspectos que fueran señalados al momento del cierre del acuerdo. A modo de clarificar el escenario de esa renegociación recurrente, es necesario enfatizar sobre una serie de consideraciones. El primer elemento que debe ponerse en entredicho es la supuesta prioridad del Fondo respecto al cobro de sus acreencias. Si ello fuera así, no hubieran violado sistemáticamente sus propios estatutos a la hora de conceder el préstamo y tampoco se hubieran desentendido absolutamente del destino de los recursos, a saber, la financiación de la salida de divisas. La presencia del Fondo, en cambio, implica enormes dificultades para el despliegue de un proceso de desarrollo autónomo e inclusivo ya que el organismo es socio de una alianza de clases vinculada a ventajas comparativas estáticas y/o conglomerados industriales transnacionalizados. Es por ello que su presencia satisface tanto la voluntad de países centrales, al sostener la presente división internacional del trabajo (en declive y en profunda transformación), como la de las clases domésticas también beneficiadas de tal orden.

Sin embargo, defaultear con el FMI no era un escenario deseable porque eso hubiera agravado aún más la ya difícil situación financiera del país a partir de una mayor presión sobre el tipo de cambio, dificultando todavía más las posibilidades de financiamiento para las empresas locales. En su conjunto, ello hubiera impactado de lleno en la recuperación económica vigente obturando toda posibilidad de recomposición del ya muy derruido entramado social. En ese sentido, a pesar de los alentadores indicadores de actividad, Argentina enfrenta una serie de desafíos recurrentes. A la consabida restricción externa, resultado de una matriz productiva desequilibrada, escasamente integrada y poco diversificada en sus exportaciones, que opera como escollo al desarrollo en tanto país periférico; se le adiciona la titánica tarea de la renegociación de la deuda con el FMI que opera también agravando tal restricción por la vía del canal financiero. 

Históricamente, las relaciones de países periféricos con el Fondo dan cuenta que la firma de acuerdos, la imposibilidad de sostenerlos y la renegociación de los mismos constituyen la moneda corriente. En ese contexto, el resultado frecuente también es la fractura de las coaliciones gobernantes que suelen comenzar sus gobiernos discutiendo las propias recetas del FMI. El desafío es que no haya una fractura antes de que se logre quitar al organismo de la escena.

Abordando esa posibilidad, en términos de fracciones de clases sociales el frente gobernante articula a los perdedores del régimen de acumulación instaurado por la administración precedente. Vale decir, se trata de una coalición que involucra desde grupos económicos cuya valorización del capital depende sensiblemente del ritmo de la actividad doméstica, pasando por sectores de la pequeña burguesía con igual suerte hasta involucrar a la clase obrera organizada y buena parte de los trabajadores de la economía informal. No es ninguna novedad: el frente es altamente contradictorio porque tiene en su seno a los dos más claros perdedores del modelo macrista, que son, parte de los grupos económicos locales y los sectores populares. La síntesis que se observó en 2019 para lograr el gobierno fue fundamentalmente electoral pero la síntesis política no estuvo presente salvo durante el inicio del mandato y hasta promediada la pandemia. Y es sobre esas disputas que deben leerse las contradicciones que exaltan en la coalición el acuerdo con el Fondo.

Si no hay una reorientación de la política económica que permita recomponer los ingresos de los sectores populares de forma más tangible, la unidad del frente se disolverá, y es lo que expresa esa dimensión política que en la agenda mediática vulgarmente se denomina “ala dura del kirchnerismo”. Si no hay algún tipo de acuerdo con el FMI, el frente también se parte y es lo que expresan los grupos a través de diversas mediaciones políticas (no solamente porque “las empresas pierden financiamiento” y se incrementa la presión sobre el tipo de cambio, sino fundamentalmente porque el Fondo es también garantía de los grupos frente a las demandas de los sectores populares). Si no hay dispositivos políticos para administrar esa contradicción el frente tiene necesariamente los días contados. Lo que implicaría una derrota para las dos partes, pero como es usual, los que más pierden son los más débiles. Y esto es así porque, mientras estas dos facciones mencionadas no pueden acceder al poder (en este presente histórico) la una sin la otra, del lado de enfrente, la alternativa política que se alista para recuperar el poder ejecutivo se relame con un programa que tiene como eje el estrujamiento del valor de la fuerza de trabajo y, en definitiva, la demanda interna, puesto que aparece como costo de un régimen de valorización financiera aunado al sostenimiento de la acumulación centrada en ventajas comparativas estáticas. Es en el centro de esta confrontación donde radica la mayor victoria de los sectores más encumbrados de la pirámide social, representada por aquel fatídico momento en que nuestro país volvió a endeudarse con el FMI doblegando las posibilidades, principalmente, de los sectores populares, pero también de una sección relevante de los capitales productivos nacionales.

La crisis de Argentina y el FMI en canciones

Argentina  tiene una historia larga con el Fondo Monetario. La recorremos con rock, punk, cumbia, trap, reggae y más.

El Fondo Monetario Internacional y el potencial acuerdo con la Argentina

Por: Mario Sosa.
Economista y Director Ejecutivo de Emerx SA.

El 28 de enero de 2022 el gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída durante el gobierno de Macri. El gobierno nacional detalló algunos aspectos sobre el mencionado acuerdo. Se accedería a un nuevo crédito (refinanciación) por unos USD 44.800 MM, en equivalencia con el Stand By recibido por el gobierno del presidente Macri -de igual monto-, al que se le adicionarían unos USD 4.400 MM, en espejo con parte de los pagos realizados en 2021 (USD 6.359 M de capital más intereses), efectuados en cumplimiento de vencimientos del crédito original. 

Los montos del crédito original que acordó pagar el gobierno del presidente Macri, fueron distribuidos del siguiente modo:

USD 5.100 MM en 2021 (que fueron pagados por el gobierno del presidente Alberto Fernández) 

USD 19.100 MM en 2022 (con un vencimiento de USD 731 MM pagados en enero de 2022)

USD 19.300 MM en 2023 

USD 4.900 MM en 2024 

Al observar la economía argentina, su capacidad productiva, el uso de su capacidad y su inserción internacional, queda claro que esos vencimientos son imposibles de afrontar. La estructura del nuevo acuerdo que se impulsa consiste en préstamos de igual monto a los del crédito desembolsado en el gobierno de Macri, para ir luego a un acuerdo de facilidades extendidas, cuyos primeros vencimientos comenzarían a partir de mediados de 2024, extendiendo el plazo de pagos por 10 años. 

Al proyecto de acuerdo anunciado por el presidente y oficialmente presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán junto al jefe de gabinete de ministros, Juan Manzur el 28 de enero, le siguió una especie de filtración de lo que la prensa en general denominó “la letra chica del acuerdo” y que generó mayores tensiones en la coalición de gobierno. 

Si bien ese documento contiene mayores precisiones, al momento de producir este documento, no se cuenta con la versión final elaborada por el Poder Ejecutivo, la que deberá ser enviada para su aprobación al Congreso. Todo apunta a que el envío del documento sucederá el próximo 4 de marzo de 2022; quedando potencialmente aprobado el 20 de marzo de 2022.

En la presentación de los puntos principales del acuerdo, el 28 de enero, el ministro Guzmán abordó el tema desde cuatro áreas:

Política Fiscal: los objetivos o sendero que debiera seguir del déficit fiscal (fue de 3.2% del PIB en 2021) sería no superar 

∙  2,5% del PIB para 2022

∙  1,8% para 2023

∙  0,9% para 2024 y

 ∙ DEFICIT CERO para 2025

Política Monetaria y Financiera: reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro (que fue de 3,7% del PIB en 2021) con el siguiente sendero: 

1% en 2022 

0,6% en 2023

0% en 2024 

Se compensa esa restricción, con la reconstrucción del mercado local de deuda pública, a partir de niveles de tasas de interés real positivas. 

Política de Precios: habría un punto de vista en común en cuanto al diagnóstico, donde se reconoce la inflación como un fenómeno multicausal, pero se hace énfasis en la importancia de la restricción externa, que opera muy fuertemente cuando la economía comienza a crecer. De aquí que sería importante recomponer reservas, para evitar saltos bruscos del tipo de cambio que se trasladen a precios. 

El gobierno entiende que las medidas que tienden a reducir el déficit (política fiscal restrictiva) sumado a la restricción monetaria (en una mirada económicamente más bien ortodoxa) controlarían la inflación. Además, se promete continuar con los acuerdos de precios que lleva adelante la secretaria de Comercio. 

Sector externo y política cambiaria: no habrá saltos cambiarios o devaluaciones bruscas. El objetivo es acumular reservas para morigerar expectativas devaluatorias. Para ello en 2022 se piensa incrementar las reservas en unos USD 5.000 MM. Este es un punto de alta incertidumbre, porque supone que el FMI debiera además de no recibir los pagos de 2022, aportar dólares frescos. Si ello no se produce este objetivo se torna complejo. 

Por otra parte, se mantiene la regulación de la cuenta financiera de la balanza de pagos para desalentar el juego de capitales especulativos. 

Los escenarios que se presentan son, a) no acordar con el FMI y continuar con los pagos comprometidos por el gobierno de Macri o su variante de entrar en mora y, b) acordar con el FMI y negociar las condicionalidades.

Debe advertirse que en la medida que el acuerdo no esté aprobado por el Congreso de la Nación, ambos escenarios aún tienen posibilidades de producirse. La mayoría de las expresiones públicas de diferentes actores del campo económico y político se han manifestado a favor de acordar con el FMI, y donde más discusiones se producen es en torno a dos cuestiones: 

∙ qué tipo de condicionalidades son las aceptables 

∙ sobre quienes recaerá el ajuste que necesariamente el acuerdo significa.

La primera cuestión a señalar es el sendero previsto del crecimiento del PIB. Los cálculos están hechos de modo tal que esos niveles muy pobres para las necesidades de la Argentina actual permiten asegurar, dada la canasta de exportaciones argentinas, un superávit de cuenta corriente que posibilite un colchón suficiente de reservas de divisas para afrontar los pagos desde 2024. Ello está en línea con no dejar retrasar el tipo de cambio real, lo cual puede ser un problema grave en materia de inflación retroalimentada.

Como se prevé déficit cero desde 2025, el gobierno necesitará esos dólares para pagar los vencimientos. El tipo de políticas que garantizan incluso del sostenimiento, el crecimiento del nivel de exportaciones, está en relación con el “Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburifera” (que premia a quienes consigan excedentes de exportación) y, con el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”. Estos son dos pilares para la acumulación de reservas en la Argentina, y tienen en común que el agregado de valor se obtiene desde un modelo más bien extractivista y basado en la explotación de los recursos naturales, donde el desarrollo industrial queda como apéndice, promoviendo solo aquellos sectores o segmentos que tienen relación con la provisión de insumos, partes y piezas y en algún caso también maquinarias a aquellos dos grandes actores económicos de nuestro país. 

El déficit fiscal en descenso puede lograrse con mayores ingresos tributarios, que podrían dar lugar a pensar una reforma impositiva en la Argentina o también por la vía de reducción del gasto público. Tres temas están en relación con esta cuestión de fondo: el tratamiento de las tarifas y subsidios en relación a la energía, las posibles modificaciones al régimen jubilatorio y los salarios de los empleados del sector público.

Hay muchos análisis sin base segura sobre las modificaciones en cada caso. Cabe resaltar que, en 2021, los subsidios a la energía alcanzaron unos 2,7 billones de pesos (32% del 22 gasto total). Algunos analistas afirman que el 10% más rico de la población no tendrá más subsidios al consumo energético hogareño. Posiblemente haya una segmentación total de la población o los hogares, aunque no sabemos bien con qué criterios, para que los que menos tienen reciban electricidad a tarifa subsidiada y que esas tarifas sean crecientes según los ingresos de cada uno de esos segmentos. El FMI aspira a que ese ítem del gasto se reduzca y esa reducción la pague el usuario. 

Por otra parte, también se afirma que las grandes empresas (tanto nacionales como multinacionales o transnacionales) no tendrán tarifas subsidiadas. Esto es un problema enorme en este momento de conflicto en la zona ruso-ucraniana dado la tendencia alcista del mercado del gas y el petróleo. Pero a la vez, hay grandes empresas productoras de alimentos en la Argentina que en un contexto internacional de precios en alza tenderán a cubrir esos mayores costos con elevaciones internas de los precios. 

Si los salarios de los trabajadores del sector público sólo aumentan según el crecimiento de toda la economía, siendo que llevan una perdida en los últimos años y desde 2015 superior al 20%, para las perspectivas de crecimiento que prevé el acuerdo, seguirán siendo magros por varios años. 

Si a la vez, aun cuando la gran mayoría de los jubilados no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, se estudia una modificación del régimen que los contiene, es porque se está mirando con atención ese segmento del gasto. Ambas medidas tal vez resuelven el problema de la disminución del déficit, pero, impactan negativamente sobre la robustez que necesita tener el mercado interno con la consabida consecuencia para las Pymes. 

Por su parte, impedir financiar al Tesoro por el Banco Central, pondrá a competir al Estado con los privados en la búsqueda de fondos. Si bien esta medida beneficiará a los balances de los bancos vía tasas de interés positiva, perjudicará por una parte el acceso al crédito de las personas y de las Pymes, que no pueden financiarse obviamente en el mercado internacional. Asimismo, tiene el efecto adicional de aumentar el déficit público toda vez que, para financiarse, el Estado también se vería obligado a pagar mayores tasas que las actuales. Si el ahorro privado se usa para financiar déficit, el gobierno deberá encontrar alternativas a la hora de asegurar la inversión. Es claro que además ante la inminencia de un acuerdo, los actores del campo económico se paran frente a él, para ver qué parte del pastel les va a tocar, qué parte de los beneficios o qué parte de los costos. Ya vimos que organizaciones gremiales vinculadas al agro mueven un recurso de amparo ante la justicia para eliminar las retenciones con pretensión de inconstitucionalidad y en igual sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, se expresó en un comunicado público alegando “un embate más a la independencia judicial”. Esto es problemático para el gobierno. Un juez puede fallar sobre la “constitucionalidad” del acuerdo comenzando un proceso de judicialización.

 Por otra parte, también es grave que se disminuyan las retenciones siendo el sector agropecuario el que más posibilidades tiene de ajustar sus ingresos, pero aquí no sólo el FMI lo sugiere, sino que el gobierno mismo presentó un nivel más bajo de retenciones en el proyecto de ley de 23 presupuesto 2022 (no se aprobó dicho presupuesto en el parlamento) perdiendo 0.18 puntos del PIB. 

Se incentiva a la vez a la extensión voluntaria del personal jubilable (hoy 60 años para mujeres y 65 para hombres). Esto tiende a disminuir la carga de las jubilaciones, pero no ayuda a la empleabilidad de personas más jóvenes. Tanto el presidente como el ministro reconocieron que para septiembre de 2022 se espera este acordado con el FMI. Toca dos temas, los regímenes especiales (dicen que jueces y personal diplomático que explican $ 11 mil M del déficit previsional) y el aumento voluntario de la edad jubilatoria como dijimos arriba. 

Otro tema que seguramente generará mucha tensión, está en relación al potencial revalúo inmobiliario que fortalece las arcas de los gobiernos, pero tensiona políticamente los territorios. 

Si bien el acuerdo consideraría aumentar la inversión pública en infraestructura, tendría un techo muy bajo en torno al 2% del PIB. Este porcentaje es superior a la etapa del gobierno de Macri, pero muy inferior a la etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De modo que se ha fijado un objetivo muy pobre en relación con las necesidades de caminos, infraestructura ferroviaria y naval, dragado de ríos y puertos, construcción de nuevos puertos, etc. 

El sendero previsto de inflación llama mucho la atención. Por una parte, es como legitimar la indexación al decidir que el tipo de cambio se mantendrá en términos reales a sus valores de enero de 2022. En enero la inflación fue del 3.9% y la de alimentos del 4.9%. De ser efectivamente así, cada punto de inflación deberá tener su correspondiente aumento del tipo de cambio oficial. Esto puede ser un peligroso círculo vicioso y por otra parte el mismo sendero de una inflación si bien decreciente, alimenta las expectativas de inflación. Igualmente, la inflación prevista para 2022, del 48 al 38% por ciento parece que ya parte de una subestimación. Para 2023 el acuerdo prevé una inflación de entre el 42% y el 34% y para 2024 del 37% al 25%. En general podría afirmarse que, si el Acuerdo sigue estas pautas, se verán beneficiados los sectores, financiero, exportador, y la industria que se encuentre en niveles de competitividad compatibles con la situación mundial. El resto de los sectores orientados al mercado interno incluyendo trabajadores y Pymes, no parecerían tener un futuro favorable. 

Sin embargo, el acuerdo no puede prohibir crecer a una mayor tasa. Aunque si existe el compromiso de que mayores ingresos se destinen a disminuir más rápidamente el déficit fiscal o a pagar la deuda. Sugiere un sendero de crecimiento: 3.5% a 4 % en 2022 (fue 10,3 en 2021); 2.5% a 3,5% en 2023 y 2,5% a 3% en 2024. 

El gobierno, al mismo tiempo que cierra un acuerdo con el FMI, avanza en un proceso de acercamiento firme con la línea multipolar. China puede ser un factor importante a la hora de la inversión en obras de infraestructura y ese sólo hecho puede potenciar un crecimiento de varios sectores que ese tipo de obras encadena. Si bien, está prevista la construcción del gasoducto desde la formación de Vaca Muerta, ello comenzará recién en 2023. Pero además es dable considerar otras 24 obras de suma importancia en las que China puede ser un gran socio para la Argentina.

La situación de la guerra en Ucrania complica el panorama internacional y complica al acuerdo. Sin embargo, cabe destacar que ningún acercamiento con Rusia o con China será posible si la Argentina no acuerda con el FMI. Es probable que haya una espada de Damocles cada trimestre en las revisiones que el FMI hará a Argentina, pero se gana tiempo, que en estrategia en este momento es lo único que importa, seguir vivos y ver. 

Qué pasará cuando estalle el problema de la deuda en el mundo que ha crecido sustancialmente como hemos visto.

 Es claro que dado el estado actual de la Argentina, los compromisos de 2025 también son difíciles de cumplir y el gobierno de turno deberá sentarse y renegociar salvo que la situación mundial cambie sustancialmente y nos ponga en una situación más ventajosa.

En síntesis, el acuerdo con el fondo parte de un crédito otorgado en condiciones anómalas con claras intenciones geopolíticas de obstaculizar por parte de EE.UU. la llegada de un gobierno de signo diferente al de Macri, pues, las autoridades de ese país declararon que era peligroso fortalecer el eje “Caracas, La Habana, Buenos Aires”. Los montos ingresados por el crédito sólo financiaron la fuga de capitales. A pesar de todo, el macrismo (junto a la UCR) pierde las elecciones en 2019 y el nuevo gobierno se enfrenta a una deuda monumental en un contexto de pandemia y guerra. Este acuerdo no significa en absoluto arreglar el problema de la deuda, sino, sólo, ganar tiempo, pasar el problema para más adelante y renegociar en un contexto mundial diferente. Es necesario observar estos movimientos en el escenario global y su dinámica para evitar caer en falsos dilemas.

Argentina y el FMI. En esta nueva edición de #entramadxs recuperamos algunas reflexiones y debates que nos ayudan a comprender la complejidad y las circunstancias que enfrenta el país. Lo que en el fondo del fondo está en discusión es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.

Realizado por:

Equipo de Comunicación Institucional

Marcos Altamirano
José Ignacio Salazar
Javier Toribio

2022 - Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de Río Cuarto