El 28 de enero de 2022 el gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída durante el gobierno de Macri. El gobierno nacional detalló algunos aspectos sobre el mencionado acuerdo. Se accedería a un nuevo crédito (refinanciación) por unos USD 44.800 MM, en equivalencia con el Stand By recibido por el gobierno del presidente Macri -de igual monto-, al que se le adicionarían unos USD 4.400 MM, en espejo con parte de los pagos realizados en 2021 (USD 6.359 M de capital más intereses), efectuados en cumplimiento de vencimientos del crédito original. 

Los montos del crédito original que acordó pagar el gobierno del presidente Macri, fueron distribuidos del siguiente modo:

∙ USD 5.100 MM en 2021 (que fueron pagados por el gobierno del presidente Alberto Fernández) 

∙ USD 19.100 MM en 2022 (con un vencimiento de USD 731 MM pagados en enero de 2022)

∙ USD 19.300 MM en 2023 

∙ USD 4.900 MM en 2024 

Al observar la economía argentina, su capacidad productiva, el uso de su capacidad y su inserción internacional, queda claro que esos vencimientos son imposibles de afrontar. La estructura del nuevo acuerdo que se impulsa consiste en préstamos de igual monto a los del crédito desembolsado en el gobierno de Macri, para ir luego a un acuerdo de facilidades extendidas, cuyos primeros vencimientos comenzarían a partir de mediados de 2024, extendiendo el plazo de pagos por 10 años. 

Al proyecto de acuerdo anunciado por el presidente y oficialmente presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán junto al jefe de gabinete de ministros, Juan Manzur el 28 de enero, le siguió una especie de filtración de lo que la prensa en general denominó “la letra chica del acuerdo” y que generó mayores tensiones en la coalición de gobierno. 

Si bien ese documento contiene mayores precisiones, al momento de producir este documento, no se cuenta con la versión final elaborada por el Poder Ejecutivo, la que deberá ser enviada para su aprobación al Congreso. Todo apunta a que el envío del documento sucederá el próximo 4 de marzo de 2022; quedando potencialmente aprobado el 20 de marzo de 2022.

En la presentación de los puntos principales del acuerdo, el 28 de enero, el ministro Guzmán abordó el tema desde cuatro áreas:

Política Fiscal: los objetivos o sendero que debiera seguir del déficit fiscal (fue de 3.2% del PIB en 2021) sería no superar 

∙  2,5% del PIB para 2022, 

∙  1,8% para 2023, 

∙  0,9% para 2024 y

 ∙ DEFICIT CERO para 2025. 

Política Monetaria y Financiera: reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro (que fue de 3,7% del PIB en 2021) con el siguiente sendero: 

∙ 1% en 2022 

∙ 0,6% en 2023

∙ 0% en 2024 

Se compensa esa restricción, con la reconstrucción del mercado local de deuda pública, a partir de niveles de tasas de interés real positivas. 

Política de Precios: habría un punto de vista en común en cuanto al diagnóstico, donde se reconoce la inflación como un fenómeno multicausal, pero se hace énfasis en la importancia de la restricción externa, que opera muy fuertemente cuando la economía comienza a crecer. De aquí que sería importante recomponer reservas, para evitar saltos bruscos del tipo de cambio que se trasladen a precios. 

El gobierno entiende que las medidas que tienden a reducir el déficit (política fiscal restrictiva) sumado a la restricción monetaria (en una mirada económicamente más bien ortodoxa) controlarían la inflación. Además, se promete continuar con los acuerdos de precios que lleva adelante la secretaria de Comercio. 

Sector externo y política cambiaria: no habrá saltos cambiarios o devaluaciones bruscas. El objetivo es acumular reservas para morigerar expectativas devaluatorias. Para ello en 2022 se piensa incrementar las reservas en unos USD 5.000 MM. Este es un punto de alta incertidumbre, porque supone que el FMI debiera además de no recibir los pagos de 2022, aportar dólares frescos. Si ello no se produce este objetivo se torna complejo. 

Por otra parte, se mantiene la regulación de la cuenta financiera de la balanza de pagos para desalentar el juego de capitales especulativos. 

Los escenarios que se presentan son, a) no acordar con el FMI y continuar con los pagos comprometidos por el gobierno de Macri o su variante de entrar en mora y, b) acordar con el FMI y negociar las condicionalidades.

Debe advertirse que en la medida que el acuerdo no esté aprobado por el Congreso de la Nación, ambos escenarios aún tienen posibilidades de producirse. La mayoría de las expresiones públicas de diferentes actores del campo económico y político se han manifestado a favor de acordar con el FMI, y donde más discusiones se producen es en torno a dos cuestiones: 

∙ qué tipo de condicionalidades son las aceptables 

∙ sobre quienes recaerá el ajuste que necesariamente el acuerdo significa.

La primera cuestión a señalar es el sendero previsto del crecimiento del PIB. Los cálculos están hechos de modo tal que esos niveles muy pobres para las necesidades de la Argentina actual permiten asegurar, dada la canasta de exportaciones argentinas, un superávit de cuenta corriente que posibilite un colchón suficiente de reservas de divisas para afrontar los pagos desde 2024. Ello está en línea con no dejar retrasar el tipo de cambio real, lo cual puede ser un problema grave en materia de inflación retroalimentada.

Como se prevé déficit cero desde 2025, el gobierno necesitará esos dólares para pagar los vencimientos. El tipo de políticas que garantizan incluso del sostenimiento, el crecimiento del nivel de exportaciones, está en relación con el “Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburifera” (que premia a quienes consigan excedentes de exportación) y, con el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”. Estos son dos pilares para la acumulación de reservas en la Argentina, y tienen en común que el agregado de valor se obtiene desde un modelo más bien extractivista y basado en la explotación de los recursos naturales, donde el desarrollo industrial queda como apéndice, promoviendo solo aquellos sectores o segmentos que tienen relación con la provisión de insumos, partes y piezas y en algún caso también maquinarias a aquellos dos grandes actores económicos de nuestro país. 

El déficit fiscal en descenso puede lograrse con mayores ingresos tributarios, que podrían dar lugar a pensar una reforma impositiva en la Argentina o también por la vía de reducción del gasto público. Tres temas están en relación con esta cuestión de fondo: el tratamiento de las tarifas y subsidios en relación a la energía, las posibles modificaciones al régimen jubilatorio y los salarios de los empleados del sector público.

Hay muchos análisis sin base segura sobre las modificaciones en cada caso. Cabe resaltar que, en 2021, los subsidios a la energía alcanzaron unos 2,7 billones de pesos (32% del 22 gasto total). Algunos analistas afirman que el 10% más rico de la población no tendrá más subsidios al consumo energético hogareño. Posiblemente haya una segmentación total de la población o los hogares, aunque no sabemos bien con qué criterios, para que los que menos tienen reciban electricidad a tarifa subsidiada y que esas tarifas sean crecientes según los ingresos de cada uno de esos segmentos. El FMI aspira a que ese ítem del gasto se reduzca y esa reducción la pague el usuario. 

Por otra parte, también se afirma que las grandes empresas (tanto nacionales como multinacionales o transnacionales) no tendrán tarifas subsidiadas. Esto es un problema enorme en este momento de conflicto en la zona ruso-ucraniana dado la tendencia alcista del mercado del gas y el petróleo. Pero a la vez, hay grandes empresas productoras de alimentos en la Argentina que en un contexto internacional de precios en alza tenderán a cubrir esos mayores costos con elevaciones internas de los precios. 

Si los salarios de los trabajadores del sector público sólo aumentan según el crecimiento de toda la economía, siendo que llevan una perdida en los últimos años y desde 2015 superior al 20%, para las perspectivas de crecimiento que prevé el acuerdo, seguirán siendo magros por varios años. 

Si a la vez, aun cuando la gran mayoría de los jubilados no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, se estudia una modificación del régimen que los contiene, es porque se está mirando con atención ese segmento del gasto. Ambas medidas tal vez resuelven el problema de la disminución del déficit, pero, impactan negativamente sobre la robustez que necesita tener el mercado interno con la consabida consecuencia para las Pymes. 

Por su parte, impedir financiar al Tesoro por el Banco Central, pondrá a competir al Estado con los privados en la búsqueda de fondos. Si bien esta medida beneficiará a los balances de los bancos vía tasas de interés positiva, perjudicará por una parte el acceso al crédito de las personas y de las Pymes, que no pueden financiarse obviamente en el mercado internacional. Asimismo, tiene el efecto adicional de aumentar el déficit público toda vez que, para financiarse, el Estado también se vería obligado a pagar mayores tasas que las actuales. Si el ahorro privado se usa para financiar déficit, el gobierno deberá encontrar alternativas a la hora de asegurar la inversión. Es claro que además ante la inminencia de un acuerdo, los actores del campo económico se paran frente a él, para ver qué parte del pastel les va a tocar, qué parte de los beneficios o qué parte de los costos. Ya vimos que organizaciones gremiales vinculadas al agro mueven un recurso de amparo ante la justicia para eliminar las retenciones con pretensión de inconstitucionalidad y en igual sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, se expresó en un comunicado público alegando “un embate más a la independencia judicial”. Esto es problemático para el gobierno. Un juez puede fallar sobre la “constitucionalidad” del acuerdo comenzando un proceso de judicialización.

 Por otra parte, también es grave que se disminuyan las retenciones siendo el sector agropecuario el que más posibilidades tiene de ajustar sus ingresos, pero aquí no sólo el FMI lo sugiere, sino que el gobierno mismo presentó un nivel más bajo de retenciones en el proyecto de ley de 23 presupuesto 2022 (no se aprobó dicho presupuesto en el parlamento) perdiendo 0.18 puntos del PIB. 

Se incentiva a la vez a la extensión voluntaria del personal jubilable (hoy 60 años para mujeres y 65 para hombres). Esto tiende a disminuir la carga de las jubilaciones, pero no ayuda a la empleabilidad de personas más jóvenes. Tanto el presidente como el ministro reconocieron que para septiembre de 2022 se espera este acordado con el FMI. Toca dos temas, los regímenes especiales (dicen que jueces y personal diplomático que explican $ 11 mil M del déficit previsional) y el aumento voluntario de la edad jubilatoria como dijimos arriba. 

Otro tema que seguramente generará mucha tensión, está en relación al potencial revalúo inmobiliario que fortalece las arcas de los gobiernos, pero tensiona políticamente los territorios. 

Si bien el acuerdo consideraría aumentar la inversión pública en infraestructura, tendría un techo muy bajo en torno al 2% del PIB. Este porcentaje es superior a la etapa del gobierno de Macri, pero muy inferior a la etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De modo que se ha fijado un objetivo muy pobre en relación con las necesidades de caminos, infraestructura ferroviaria y naval, dragado de ríos y puertos, construcción de nuevos puertos, etc. 

El sendero previsto de inflación llama mucho la atención. Por una parte, es como legitimar la indexación al decidir que el tipo de cambio se mantendrá en términos reales a sus valores de enero de 2022. En enero la inflación fue del 3.9% y la de alimentos del 4.9%. De ser efectivamente así, cada punto de inflación deberá tener su correspondiente aumento del tipo de cambio oficial. Esto puede ser un peligroso círculo vicioso y por otra parte el mismo sendero de una inflación si bien decreciente, alimenta las expectativas de inflación. Igualmente, la inflación prevista para 2022, del 48 al 38% por ciento parece que ya parte de una subestimación. Para 2023 el acuerdo prevé una inflación de entre el 42% y el 34% y para 2024 del 37% al 25%. En general podría afirmarse que, si el Acuerdo sigue estas pautas, se verán beneficiados los sectores, financiero, exportador, y la industria que se encuentre en niveles de competitividad compatibles con la situación mundial. El resto de los sectores orientados al mercado interno incluyendo trabajadores y Pymes, no parecerían tener un futuro favorable. 

Sin embargo, el acuerdo no puede prohibir crecer a una mayor tasa. Aunque si existe el compromiso de que mayores ingresos se destinen a disminuir más rápidamente el déficit fiscal o a pagar la deuda. Sugiere un sendero de crecimiento: 3.5% a 4 % en 2022 (fue 10,3 en 2021); 2.5% a 3,5% en 2023 y 2,5% a 3% en 2024. 

El gobierno, al mismo tiempo que cierra un acuerdo con el FMI, avanza en un proceso de acercamiento firme con la línea multipolar. China puede ser un factor importante a la hora de la inversión en obras de infraestructura y ese sólo hecho puede potenciar un crecimiento de varios sectores que ese tipo de obras encadena. Si bien, está prevista la construcción del gasoducto desde la formación de Vaca Muerta, ello comenzará recién en 2023. Pero además es dable considerar otras 24 obras de suma importancia en las que China puede ser un gran socio para la Argentina.

La situación de la guerra en Ucrania complica el panorama internacional y complica al acuerdo. Sin embargo, cabe destacar que ningún acercamiento con Rusia o con China será posible si la Argentina no acuerda con el FMI. Es probable que haya una espada de Damocles cada trimestre en las revisiones que el FMI hará a Argentina, pero se gana tiempo, que en estrategia en este momento es lo único que importa, seguir vivos y ver. 

Qué pasará cuando estalle el problema de la deuda en el mundo que ha crecido sustancialmente como hemos visto.

 Es claro que dado el estado actual de la Argentina, los compromisos de 2025 también son difíciles de cumplir y el gobierno de turno deberá sentarse y renegociar salvo que la situación mundial cambie sustancialmente y nos ponga en una situación más ventajosa.

En síntesis, el acuerdo con el fondo parte de un crédito otorgado en condiciones anómalas con claras intenciones geopolíticas de obstaculizar por parte de EE.UU. la llegada de un gobierno de signo diferente al de Macri, pues, las autoridades de ese país declararon que era peligroso fortalecer el eje “Caracas, La Habana, Buenos Aires”. Los montos ingresados por el crédito sólo financiaron la fuga de capitales. A pesar de todo, el macrismo (junto a la UCR) pierde las elecciones en 2019 y el nuevo gobierno se enfrenta a una deuda monumental en un contexto de pandemia y guerra. Este acuerdo no significa en absoluto arreglar el problema de la deuda, sino, sólo, ganar tiempo, pasar el problema para más adelante y renegociar en un contexto mundial diferente. Es necesario observar estos movimientos en el escenario global y su dinámica para evitar caer en falsos dilemas.