Facultad de Ciencias Humanas

Índice

El pulmón verde
de la divisa imperial
canta en nuestro cielo
melodías coloniales.

Poema XVI de «Carta abierta a la Junta Agraria» (2024).

Marcelo Fagiano. Colección Liberalibro – UniRío Editoria.

La universidad como espacio de la subpolítica : 

Por: Viviana Macchiarola.
Ex Docente en el Departamento de Ciencias de la Educación.

“Creo en la universidad. La universidad une, no separa. Conoce y reconoce, no ignora ni olvida. En ella se dan cita no sólo lo que ha sobrevivido, sino lo que está vivo o por nacer en la cultura.  (….) Para que la cultura viva, son indispensables espacios universitarios en los que prive la reflexión, la investigación y la crítica, pues éstos son los valladares que debemos oponer a la intolerancia, al engaño y a la violencia”.

Carlos Fuentes

Al pensar el vínculo entre universidad, autonomía y desarrollo me surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es el papel de la universidad en un país con un 52% de población bajo la línea de pobreza, ante una escenario donde 3 de cada 10 estudiantes llegan a la escuela sin comer, ante las desigualdades de género revelada por datos que dicen que los varones tienen un ingreso promedio de 532.370 pesos mientras las mujeres es de 386.928, ante la profunda crisis ambiental y energética, ante el desfinanciamiento de la educación, la salud, la ciencia y la cultura? ¿Cuál es el papel de la universidad en la mejora de las condiciones de vida de su pueblo? Cuál es el papel de la universidad en la  construcción de un mundo más justo, democrático e igualitario? 

Creo que la idea de subpolítica, término que incorpora Beck (2013) cuando  estudia  la  sociedad del riesgo -formas de lidiar con los problemas e inseguridades generadas por el propio proceso de modernización y de producción social de la riqueza- , puede aproximarnos a algunas respuestas. En la subpolítica, según Beck, Giddens y Lash (2002), los agentes sociales y colectivos (movimientos sociales, profesionales, universidades, instituciones de investigación, cuadros de gestión, opinión pública, trabajadores) aparecen en el escenario del diseño social y adquieren creciente poder configurador de lo político. Los autores señalan  que  en  la  reinvención  de  la  política  existe una tendencia a la agrupación de comunidades de riesgo con capacidad de  resistencia  para  enfrentar  peligros  diversos. La subpolítica, por lo tanto, significa que estos grupos e instituciones puedan tener voz y participar en la organización de la sociedad y configurar la sociedad desde abajo. Por  tanto,  implica  una  pérdida  de  importancia  del  enfoque  basado en un poder central, sin que ello signifique que las políticas estatales o institucionales sean anuladas, sino que se encausan en ellas, reconociendo los procesos bidireccionales (abajo-arriba; arriba-abajo) de construcción de las políticas, programas y proyectos.

¿Cómo concretar esta idea en la universidad? Por un lado, priorizando una investigación orientada a comprender y explicar los problemas que hoy nos atraviesan. Una investigación productora de un conocimiento interdisciplinar, intercultural, co-producido con otros y que se valide por su potencial transformador. Por otro lado, avanzar en la expansión, en primer lugar, y en el carácter prefigurativo de ciertas prácticas de vinculación social (proyectos de extensión, prácticas socio-comunitarias, voluntariados) a través de procesos de reescalamiento de los mismos buscando cauces institucionales y viabilidad política, de modo que puedan abonar al diseño de un Proyecto Nacional Alternativo. Como sugiere Arboleda (2021) sería importante que las prácticas emergentes de intervención colectiva precipiten intervenciones más amplias articulándose con otras escalas del poder político de modo que se pueda disputar un proyecto alternativo al del anarco-tecno-capitalismo. Y por último, último pero no menos importante, profundizar el diseño y desarrollo de curriculos que formen profesionales críticos ante los problemas que antes enunciamos, profesionales rebeldes, comprometidos, creativos y propositivos. Un curriculo orientado por un interés emancipador y un conocimiento activo que enlace conocimiento y acción, que incorpore la reflexividad o capacidad crítica para interrogarnos sobre el universo, sobre las relaciones sociales y de poder que explican lo que acontece y estudiamos. Un currículo  que seleccione conceptos, proposiciones, teorías y sus relaciones, de modo que permitan analizar, comprender y formularse nuevas preguntas acerca del mundo.

En la coyuntura actual donde está en riesgo todo lo público, todo lo común, entre ello la universidad pública, la subpolítica está en  las calles y en la articulación entre conocimientos y saberes, entre actores e instituciones para aportar a la construcción de un modelo social y económico contrahegemónico. Se trata, en definitiva, de aportar desde la investigación, la extensión y la docencia a un planeamiento estratégico situacional que vaya más allá de lo local, aunque aprendiendo de ello, y que  articule sistema científico y académico, sistema político y territorio de modo que se pueda disputar el espacio estratégico del Estado.

Referencias

Arboleda, M. (2021). Gobernar la utopía. Sobre la planificación y el poder popular. Caja Negra Editora.

Beck U., Giddens A. y Lash S. (2002). Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno. Madrid, España: Alianza editorial.

Beck, U. (2013). La sociedad del riesgo: En camino hacia otra sociedad moderna.   Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós.

Trueno, Nathy Peluso- Argentina

Malvinas, en el eje de una estrategia global

Por: Pablo Wehbe.
Docente en el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Desde aún antes de la Guerra por las Islas Malvinas, el Reino Unido tuvo bien claro el hecho de que la conflictividad venidera iba a pasar por el acceso a los recursos naturales y minerales. Pero luego de la Guerra, el Reino Unido completó una estrategia que se puede sintetizar en la apropiación de territorios insulares en el Atlántico Sur, lo que le permitiría el acceso a la pesca, la exploración y explotación de hidrocarburos (así como para los nódulos polimetálicos que se hayan en gran cantidad en la plataforma continental argentina), y fundamentalmente el acceso al agua dulce de la Antártida.

Sobre esto último, debe tenerse presente que al Reino Unido a sus aliados circunstanciales sólo les basta con denunciar el Tratado Antártico como su complementario referido al Medio Ambiente para sentirse liberado de explorar y explotar recursos hidrocarburíferos de lo cual la federación rusa ya dio pruebas de su existencia.

Es que en realidad, la presencia británica en las islas Malvinas, con esa imponente base militar (que es utilizada por la OTAN), no está pensada para “proteger” a 3.600 malvinenses, sino para consolidar la proyección hacia el Atlántico Sur, la Antártida y el paso interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico.

Precisamente, y como si todo lo anterior fuera poco, el cambio climático está comenzando a perjudicar el principal paso comercial interoceánico, el Canal de Panamá. La sequía en el Lago Gatún, que es una parte crucial del Canal de Panamá, ha sido un tema de preocupación en los últimos años debido a su impacto en la navegación y el suministro de agua. Aquí presento algunos puntos clave sobre esta situación: 1. La sequía en el Lago Gatún ha sido atribuida a varios factores, incluyendo cambios climáticos y patrones meteorológicos irregulares. Las lluvias en la región han disminuido, lo que afecta directamente el nivel del lago. 2. El Lago Gatún es esencial para el tránsito de buques a través del Canal de Panamá. Cuando los niveles de agua son bajos, se pueden imponer restricciones al tamaño y la carga de los barcos que pueden cruzar el canal, lo que afecta no solo a la economía panameña, sino también al comercio global.

Si en algún momento esa vía quedara con poca o nula capacidad de utilización, se volverían los ojos al Pasaje de Drake, controlado por el Reino Unido desde su impresionante base militar en Mount Pleasant, en las usurpadas Islas Malvinas. Por ello, el dominio inglés sobre los archipiélagos Malvinas, San Pedro y Esquivel (mal llamadas Georgias del Sur y Sándwich del Sur), junto con las islas cercanas al África y la base en Ascensión, forman parte de una estrategia global de acceso a recursos que serán la base de gran parte de los conflictos que se sucederán en el Siglo XXI.

Las nuevas políticas acordes a las necesidades medioambientales en los países centrales, hacen que gran parte de las industrias contaminantes se trasladen hacia la periferia (papeleras, por ejemplo). Asimismo, la depredación ictícola en varios mares hace que potencias navieras vuelvan sus ojos al Atlántico sur (España, entre ellas), que se encuentran con la enorme generosidad de los malvinenses, cuyo creciente nivel de vida tiene que ver con la adjudicación de licencias pesqueras…y para exploración y explotación de hidrocarburos. Pero no se debe olvidar la existencia de nódulos polimetálicos en el lecho de la plataforma continental argentina, que contienen al menos 4 minerales necesarios para las nuevas baterías con menor daño ambiental.

Pero tal vez lo más preocupante es el hecho de que en la Antártida se encuentra la reserva de agua dulce más importante del mundo, junto con enormes reservas de gas y petróleo. Al Reino Unido, Estados Unidos y la Federación Rusa, sólo les bastaría con denunciar el Tratado Antártico y su complementario medioambiental para dedicarse de lleno a la exploración y explotación mineral en el continente blanco. ¿Quién estaría en condiciones de evitar que lo hagan? ¿Argentina?

Lamentablemente, Argentina pagará muy caro su alineamiento irrestricto con Estados Unidos y el Reino Unido: el silencio frente a los avances ingleses en el sur, la presencia militar norteamericana en Tierra del Fuego y la tensión con China -país que había ofrecido construir puertos de aguas profundas en la Patagonia y Ushuaia-, sólo debilitan al único país que tiene continuidad y contigüidad con el continente antártico.

El Gobierno argentino está equivocando sus políticas. El Presidente confunde sus convicciones personales -si es que las tiene- con los intereses estratégicos argentinos. En esa política de confusión y error tras error, se vuelve a dar la espalda al Atlántico Sur y al legítimo reclamo sobre los archipiélagos australes.

Ojalá que no se llegue demasiado tarde cuando la sociedad argentina entienda la gravedad de estos errores. Ojalá que la sociedad argentina no tenga que llorar como niños lo que no está sabiendo defender de manera adulta.

Naturaleza Humana, el arte como expresión es un libro sobre una muestra visual que busca sintetizar y conceptualizar distintas problemáticas ambientales que confluyen y se relacionan constantemente entre si. Cada una de las imágenes producidas, se complementa con el acompañamiento de reflexiones de diversos referentes que resignifican el mensaje visual y permiten contextualizar, complejizar y analizar los temas abordados.

El impacto de las políticas de Javier Milei en la soberanía nacional Argentina

Por: Jorge Medina.
Docente en la carrera de Abogacía - Dpto de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei ha puesto en marcha un conjunto de políticas de índole liberal que han suscitado un intenso debate sobre su impacto en la soberanía nacional de Argentina. A través de decisiones que buscan minimizar el rol del Estado en la economía y fomentar la apertura al mercado global, las acciones del gobierno actual han generado tanto elogios como críticas. Este análisis examinará cómo estas políticas repercuten en la soberanía del país desde diversas perspectivas.

Apertura Comercial: Beneficio o dependencia económica

Una de las piedras angulares de las políticas de Milei es la apertura comercial. La eliminación de retenciones a las exportaciones, la reducción de aranceles a las importaciones y la firma de tratados de libre comercio buscan integrar a Argentina en el mercado global y atraer inversiones extranjeras. Si bien estas medidas tienen el potencial de dinamizar la economía, muchos analistas advierten que podrían aumentar la dependencia económica del país al poner en riesgo la producción nacional y debilitar industrias locales incapaces de competir con productos importados más baratos. La apertura extrema puede así percibirse como una entrega de soberanía económica, pues somete la economía local a las fluctuaciones del mercado internacional.

Reducción del Gasto Público: Libertad económica frente a equidad social

La política de reducción del gasto público, implementada mediante la disminución de programas sociales, la privatización de empresas estatales y los despidos en la administración pública, busca achicar el déficit fiscal y promover lo que Milei denomina «libertad económica». Sin embargo, esta reducción drástica del papel estatal podría aumentar la pobreza y la desigualdad, debilitando el tejido social y afectando la capacidad del Estado para proporcionar servicios esenciales, lo cual es un componente vital de la soberanía social de un país.

Reforma Judicial: Implicaciones para el Estado de derecho

En el ámbito judicial, la propuesta de nombramiento de jueces por parte del presidente ha levantado voces de alarma sobre la autonomía del poder judicial. Una justicia menos independiente podría comprometer el Estado de derecho y, con ello, uno de los pilares de la soberanía política nacional. La concentración de poder en el Ejecutivo cuestiona los principios democráticos y podría abrir la puerta a la injerencia en decisiones judiciales, debilitando un contrapeso crucial en el funcionamiento del Estado.

Dolarización: Estabilidad económica versus independencia monetaria

Finalmente, la controvertida propuesta de dolarizar la economía promete estabilizar la moneda y atraer inversiones. No obstante, la dolarización podría implicar ceder parte de la política monetaria a las decisiones de un banco central extranjero, limitando así la capacidad soberana de Argentina para dirigir sus propias políticas económicas. Este sacrificio de independencia monetaria podría presentar vulnerabilidades ante cambios económicos externos, repercutiendo en la habilidad del gobierno para responder a crisis internas.

En conclusión, las políticas del presidente Javier Milei representan una apuesta por insertar a Argentina en una economía global con menos intervención estatal. Sin embargo, la reducción del papel del Estado plantea preguntas fundamentales sobre cómo se define y protege la soberanía nacional en un contexto de liberalización extrema. La clave del debate reside en encontrar un equilibrio entre la integración económica global y la protección de la capacidad soberana para dirigir y responder a las necesidades del país y de su población.

Sacrificar a Pareto.

Por: Jorge Hernández, Marianela Gómez y Luciana Zúñiga.
Docentes en el Departamento de Economía - FCE.

Una aproximación desde la economía, bien rústica, al concepto de soberanía, podría terminar definiéndolo como la capacidad de un colectivo social enmarcado en un trozo del espacio, un territorio, para definir y construir un destino para sus vidas.

Probablemente, la soberanía se asocie con el ejercicio de una plena autonomía, entendida como ausencia de condicionantes, sin intervención ni influencias externas. Mucho más si uno ha tomado clases de economía. 

Con mucha frecuencia, los cursos iniciales de economía comienzan con los modelos del mainstream, la corriente del pensamiento dominante en los ámbitos académicos. Estos modelos construyen sociedades teóricas agregando individuos, donde cada uno de ellos elige qué hacer con su tiempo, sus ingresos y sus riquezas (o sus pobrezas) de manera completamente independiente de las elecciones de resto de los individuos y así, guiados por una mano invisible y en un contexto de libertad de contratación, lograrán el mayor bienestar colectivo. Un estado de situación tal que, siguiendo a Vilfredo Pareto, no es posible mejorar el bienestar de alguien sin empeorar el de otro. 

La corriente dominante de la economía, en general implícitamente, lo define para cualquier lugar en cualquier tiempo, como una construcción técnica, despojada de cualquier consideración ética o moral. Seguramente, es el fundamento del presidente Milei para sostener que la búsqueda de justicia social es una aberración.

La ausencia de la idea de lo colectivo, de la consideración del tiempo y del territorio en el despliegue de la actividad económica, que incluye la producción, la distribución y consumo de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, convierten en irrelevante el concepto de soberanía en los términos expresados al comienzo. 

Desde esa perspectiva teórica, cualquier construcción colectiva que restrinja la libertad individual de contratación o modifique los resultados asignativos y distributivos producidos en el mercado, generará, naturalmente, pérdidas de bienestar. En tal sentido, cualquier regulación, cualquier intervención política que intente alterar soluciones de mercado será inconveniente. Aunque la regulación sea el emergente de una insatisfacción colectiva, la receta será, para todo tiempo y lugar, esperar resignados que las fuerzas del cielo operen la mano invisible que nos devuelva al paraíso.

En este contexto, la educación sólo se valora por su condición de agregar valor al capital humano, que será retribuido con justicia por el mercado. Esto define, naturalmente, el contenido curricular de la oferta educativa, restringiéndolo a aquel que tenga su demanda con capacidad pagar por esa inversión.

Y así va, construyéndose un sendero de desarrollo, paretiano aunque duela.

Hay otros que entendemos los territorios como una conformación geográfica permeada por el ambiente físico, los grupos sociales que le dan identidad, su estructura económica y la forma en que se institucionaliza el poder. La combinación de diferentes matices de esas dimensiones, van perfilando diversas identidades territoriales y las interacciones recíprocas que se establecen van definiendo sus trayectorias, su sendero de desarrollo.

Esta concepción del territorio, como un espacio social construido, dinámico y conflictivo, permite avanzar en una interpretación de sus trayectorias, resultado de las tensiones en las que se expresan las acciones que responden a intereses de individuos y colectivos que operan en diferentes escalas territoriales. 

En este contexto, la educación además de ofrecer conocimientos apropiables por quienes transitan sus aulas y que pueden ser rentabilizados individualmente, es la institución a la que la sociedad interpela en la búsqueda de alternativas a sus insatisfacciones, las que van emergiendo en su sendero de desarrollo, pudiendo ser materiales o no. Y es también, con mucha frecuencia, el espacio donde encuentra las respuestas altamente valoradas por el colectivo social, según refieren los estudios de opinión. 

Allí, en el espacio educativo, se comparten saberes (y muchas veces se generan) que permiten, además del aprendizaje saberes técnicos, el abordaje desde perspectivas múltiples, no dogmáticas, de la identificación de los orígenes de las insatisfacciones y las alternativas para su superación, ofreciendo un extenso abanico de posibilidades del cual las sociedades pueden ir escogiendo, de manera colectiva y soberana, el camino que le conduzca a la disposición ampliada de satisfactores económicos y a la agregación de derechos individuales y colectivos.

En esta percepción de la sociedad y su dinámica, la importancia de la educación no radica sólo en la enseñanza de enciclopedias y manuales, sino, y fundamentalmente, en su estímulo a interpelar, a desafiar status quo y límites, y a construir alternativas superadoras, un camino de desarrollo inclusivo y justo. 

Nosotras y nosotros, economistas herejes, creemos que es hora de sacrificar a Pareto, que hasta ahora sólo nos ha ofrecido sufrimientos, y mantenernos en la laboriosa tarea de educarnos y educar en la comprensión de la complejidad y la diversidad.  

“Nosotras y nosotros, economistas herejes, creemos que es hora de sacrificar a Pareto, que hasta ahora sólo nos ha ofrecido sufrimientos, y mantenernos en la laboriosa tarea de educarnos y educar en la comprensión de la complejidad y la diversidad”   -

Si sabemos para qué sirve la educación y sabemos cómo se construyen las trayectorias del desarrollo, sabemos, entonces, quiénes y por qué nos esforzamos en potenciarla, y quiénes y por qué se empeñan en degradarla.

Cine, soberanía y desarrollo

Estas películas ofrecen una mirada diversa y compleja sobre la temática de la soberanía especialmente en Argentina y en segundo plano Latinoamérica. A través de la historia, la política y la identidad nacional, estas películas exploran las diferentes formas en que la soberanía se ha definido y se ha luchado por ella en nuestro país.

SOBERANÍA .

Educación.

Desarrollo.

Soberanía Audiovisual: desde el cine hasta TikTok en tiempos de convergencia digital.

Por:Ana Karen Grünig.
Docente en el Departamento de Ciencias de la Comunicación.

Las preguntas iniciales

Cuando hablamos de soberanía audiovisual aludimos de manera directa a la toma de decisiones por el sentido de las narrativas audiovisuales que producimos y consumimos para informarnos, para expresarnos, para entretenernos, para comunicarnos.  

Poner en debate la idea misma de soberanía audiovisual requiere, ante todo, reconocer el enorme mar de producciones tecno-discursivas que se aglutinan bajo el paraguas de lo audio-visual. De hecho, la convergencia digital reinante desde principios de siglo XXI a esta parte, quizás sea uno de los puntos nodales que impide, cada vez más, la distinción entre medios, géneros y formatos audiovisuales. En concreto: ¿es lo mismo una película, que un videoclip, un noticiero televisivo, una serie televisiva, un vlog o un video de tik tok? Pues claro que no. Sin embargo, la especificidad que define a cada uno de ellos se va diluyendo en el aumento exponencial de contenidos consumidos y producidos a través de un teléfono celular.

Así las cosas, lo audiovisual va complejizando sus posibilidades analíticas, ya sea en lo narrativo, lo formal y lo estético, como también en lo social, lo cultural y lo político. Cada uno de estos niveles de análisis produce sentido, es decir, significan algo. De modo tal que, la pregunta ineludible que nos convoca en este artículo es ¿quiénes participan en las producciones de sentido de lo audiovisual, en tiempos donde la convergencia digital pareciera igualar el acceso a la producción y al consumo, pero al mismo tiempo, favorece la formación de conglomerados mediáticos que operan a escala global? ¿De qué hablamos cuando hablamos de “soberanía audiovisual”?

El devenir de lo audiovisual entre el pasaje de lo analógico a lo digital

Allá por los finales del siglo XIX los hermanos Lumiere realizaban las primeras capturas cinematográficas que retrataban breves acontecimientos de la realidad: la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren a la estación, el baño de un puñado de personas en el mar. Al poco tiempo sorprendieron con el gag del Regador Regado, creando los primeros fragmentos del cine de ficción, que proseguirá el querido George Meliés con su magia del Viaje a la luna y otros tantos encantamientos. Pasaron entre muchos otros, Davig Griffith, Edwin Porter, el cine que deja de ser mudo, y el don de Charles Chaplin que nos hace pensar y reír al mismo tiempo. Orson Wells, Frank Capra, Alfred Hitkchock y el apogeo del cine clásico de Hollywood fueron dibujando los años dorados del cine a lo largo del siglo XX. Y con ello, también fue multiplicándose la resistencia a la oscuridad del mundo moderno en la expresión de las vanguardias y el llamado “cine político”. 

Así, en el entramado de temáticas, estéticas y géneros, el cine fue ocupando un lugar central en el mundo del entretenimiento, al punto de ofrecer dos películas por función en las cinco o seis salas que cada localidad, por más pequeña que fuese, ofrecía para vivir una verdadera experiencia colectiva. 

La llegada y popularización de la televisión por aire, el cable y luego el video, se anunciaron como amenazas sucesivas del cine. Con su irrupción, el audiovisual ya no exigía la salida al cine porque las películas, las noticias, los programas de variedades y las telenovelas entraban a los hogares. Con las nuevas pautas en las lógicas de consumo ligadas a una programación diaria de los contenidos, las salas de cine comenzaron a decrecer. Sin embargo, el cine no murió. La tele tampoco. 

Inaugurado el nuevo milenio la masificación de internet dio lugar a la convergencia tecnológica digital, en la que todas las producciones audiovisuales confluyeron en un solo lugar: el dominio web disponible en un SmartTv, una notebook o un teléfono celular. YouTube, Netflix, HboMax, DineyPlus, Paramount, Flow, StarPlus, TikToK, Twich, etc, van progresivamente sustituyendo, o al menos complementando, las pantallas de los medios audiovisuales masivos. Así pues, las productoras y distribuidoras de cine, los canales televisivos de aire y de cable, nacionales e internacionales, las redes sociales, convergen en un solo lugar bajo el novedoso lema de una aparente apertura a la libertad en términos de hábitos de consumo. El espectador es al mismo tiempo usuario/prosumidor, y como tal elige qué mirar y cuándo hacerlo, lo hace de manera fraccionada pero por atracones, individual y full time, dentro una inmensa oferta de contenidos de lo más diversificada, aunque con escuetas tendencias regidas por un algoritmo. 

Asimismo, las transformaciones en el audiovisual del Siglo XXI y sus estrategias de mercado, también tuvieron su correlato a nivel del lenguaje; en este sentido, puede advertirse la preferencia hacia la hiper-fragmentación de los contenidos (los mini seriados van convirtiéndose en el formato predilecto) y de duración más reducida (el promedio de los videos en TikTok oscila entre 35 y 60 segundos). Así las cosas, en las ofertas se destacan contenidos policiales, terroríficos y humorísticos. La violencia como condimento central del entretenimiento ocupa gran parte de “las carteleras digitales” de las plataformas de los últimos años.

También la figurada “democratización” del audiovisual sustentada en la convergencia del mundo digital, aplica en la creación de contenidos.  Desde los hogares, el transporte público, el parque, el supermercado, la escuela o el trabajo, a diario producimos audiovisuales construyendo la ficción de nuestra propia subjetividad con estéticas y formatos decididos por otros. Sacralizamos ingenuamente la reproductibilidad técnica, al decir de Walter Benjamin, que opera en el audiovisual de las redes sociales y las plataformas digitales. 

Con todo ello, en la mayoría de los casos, la producción de sentidos sobre nosotros mismos, los otros y el mundo,  que subyace en los audiovisuales que consumimos como así también en los que creamos bajo la apariencia de la libertad y horizontalidad, ya fue decidido por alguien. Este es, probablemente, uno de los nodos centrales que ayudan a problematizar la idea de soberanía audiovisual.

Lo audiovisual entre el mercado y el Estado: avatares, tensiones y puja de intereses

El nuevo milenio no sólo ha dejado al descubierto las transformaciones en el audiovisual en su dimensión tecno-discursiva, sino también en el lugar que ocupan en las sociedades capitalistas. 

La expansión de un modelo de comunicación audiovisual global netamente neoliberal, y la transnacionalización de los mercados de la industria audiovisual, mayoritariamente norteamericana, ha tenido fuertes impactos en las condiciones de producción, circulación y consumo en Latinoamérica, tras la imposición de un modelo productivo basado en la diversificación, la multiplicación y el descentramiento del espacio audiovisual. Ello puso de manifiesto el accionar de un modelo comunicacional signado por la concentración geográfica y la convergencia mediática, favoreciendo el aumento de asociaciones corporativas oligopólicas.

Como respuesta a ello, en Argentina –al igual que en otros países de Latinoamérica- fueron emergiendo diversas acciones de corte progresista en materia de regulación del sector tendientes a resguardar la producción nacional. 

La Ley N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009, fue quizás uno de los sucesos de mayor impacto, no sólo por el ambicioso cambio de paradigma que planteaba, sino también por la mediatización del conflicto entre la gestión del gobierno y los medios hegemónicos. Acordada y redactada en 21 puntos por la Coalición por una comunicación democrática desde 2004, la ley buscaba democratizar, federalizar y pluralizar la comunicación audiovisual entendida como un derecho humano. En ese contexto, durante los años 2010-2015 se lanzaron una gran cantidad de concursos que fomentaban la producción de contenidos audiovisuales nacionales y regionales, con el objetivo de incluir nuevos actores al medio, como así también, estéticas, temáticas, rostros y conflictos propios de cada territorio del país, que históricamente habían quedado marginados de las pantallas capitalinas. En esa misma línea, se instalaron canales de televisión en las universidades, se otorgaron créditos para la adquisición de equipamientos a organizaciones sin fines de lucro, y se intentó desarrollar una distribución más equitativa de las licencias.  Sin embargo, la ley aún no conseguía vislumbrar los alcances de la convergencia digital, cuestión que, más temprano que tarde, terminó por favorecer una mayor concentración de la comunicación en unos poquísimos actores del mercado nacional e internacional. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quedó a mitad de camino, al punto que la asunción del nuevo gobierno en 2015 modificó por decreto alguno de sus puntos centrales. No obstante, las capacidades instaladas en las diferentes regiones del país fueron el motivo suficiente para impulsar regulaciones provinciales que permitiesen continuar produciendo audiovisuales de/desde los propios territorios, con la particularidad de que las narrativas procurasen atenuar sus marcas identitarias más localistas para favorecer la producción de contenidos exportables.

En nuestra provincia, se sancionó en 2016 la Ley Provincial de Cine y Audiovisual de Córdoba, y seguidamente se creó el Polo Audiovisual Córdoba; desde ese entonces, el gobierno provincial promueve el desarrollo de una industria audiovisual entendida como una generación de empleo y como fuente de atracción de inversiones que fortalezcan el sector productivo.

Por su parte, a nivel nacional el sector audiovisual se dirime entre un colosal desfinanciamiento apoyado en las reiteradas campañas de desprestigio de lo público, y la resistencias de los realizadores audiovisuales que buscan articular sus marcos productivos entre las políticas de fomento provinciales y los parámetros que imponen los mercados internaciones. Allí se entrama, entonces, el sentido de lo narrado en los contenidos audiovisuales del presente en nuestro país.

A modo de reflexión, la política en las narrativas audiovisuales

En tiempos del imperio del discurso fragmentario, desafectado, y eminentemente tecnocrático y racional, el audiovisual es objeto de disputa no simplemente por su valor de mercado sino, sobre todo, por su potencial expresivo en términos sociales y culturales. 

Las narrativas audiovisuales que creamos como así también las que consumimos, atraviesan de lleno la producción de nuestras subjetividades. En esa dirección, el sociólogo argentino Esteban Dipaola desarrolló el concepto de lo imaginal para referir a la indiscernibilidad de la imagen con lo social. Mucho antes, Marshall McLuhan nos advertía que el medio es el mensaje. Y Guy Debord nos explicaba que en la sociedad del espectáculo los ciudadanos seríamos los propios productores de nuestra ficción, y cuya virtualidad, incluso, asumiría un mayor status de verdad que la realidad misma. 

Por más escasas y marginales que sean las narraciones como experiencias vividas cara a cara, el registro del otro y de lo otro, la comunicación comunitaria y la sensibilidad ante el conflicto, emergen como verdaderos bastiones de resistencia cuando son expresados en producciones audiovisuales. 

Ante las reiteradas acciones de desfinanciamiento del sector audiovisual nacional y la profundización de la campaña de desprestigio de lo público operada de modo directo desde la gestión actual de gobierno, la pregunta por la soberanía audiovisual adquiere enorme relevancia. Porque de alguna manera pone al descubierto que lo audiovisual tiene una gran utilidad, y  no sólo como bien de mercado, sino ante todo, como un dispositivo de colonización y, al mismo tiempo, de resistencia cultural. 

Soberanía, música e identidad nacional

La música argentina se ha convertido en un espacio de diálogo y reflexión sobre la soberanía. Canciones que abordan la memoria del conflicto y la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, otras con enfoques más introspectivos y de crítica social y política, cuestionando la soberanía en un contexto de globalización y neoliberalismo.

Salimos a pescar ballenas

Por: Mariana Gianotti .
Docente (en lucha) en el Departamento de Ciencias de la Educación.

En medio de un contexto complejo, contradictorio y convulsionado por expresiones que avanzan en la construcción de mentiras sobre lo que es y lo que debe ser la educación, lo que hacemos en la universidad, lo que investigamos, cómo gastamos el magro presupuesto que llega a cuenta gotas y hasta cuándo podemos protestar por nuestros sueldos; intento reflexionar sobre la importancia de la educación y sobre los impactos de lo que hacemos a diario los y las docentes en las universidades públicas.

Me sorprende cómo las mentiras se repiten de boca en boca y crecen en bola de nieve. Se van magnificando y generalizando decires que juzgan a las instituciones educativas y por añadidura a quienes las construimos y vivimos desde su interior. Junto a las engañosas referencias sin pruebas pero con mucho aparato mediático y una violencia pocas veces vista, se asoman algunas argumentaciones que intentan contrarrestar, pero que pocas veces llegan a torcer la necedad del discurso inicial. Se respira agobio. Se hace necesaria la urgente organización. Se recuperan prácticas algo oxidadas y volvemos a llenar las asambleas para encontrarnos. Nos acuerpamos para buscar sentido a los sinsentidos que establece un gobierno, que, habiendo llegado por voto popular al poder manifiesta la destrucción del Estado y de sus organismos a cualquier costo. 

En este contexto, recuerdo a la Dra. Adriana Puiggros diciendo que se necesita un Estado con justicia social, que la soberanía educativa nacional se encuentra jaqueada por los intereses del mercado.

Circula por las redes, los medios de comunicación y los almuerzos familiares una fuerte denigración al hacer docente-educativo y se discute una ley que instala la idea de educación como servicio esencial y que desdibuja o borra del imaginario a la educación como derecho humano “llave”:

“La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos y que tiene como fin el desarrollo integral del sujeto. Que una persona acceda a la educación implica entonces que pueda crear un lazo de pertenencia a la sociedad y, en pocas palabras, a la transmisión y recreación de la cultura.”(Scarfó. F. y Aued, V. 2012, pag. 1)

La idea de lazo viene girando y atravesando las clases, mis preguntas y mis haceres. En principio me seduce pensar que educar es construir lazos, me problematiza advertir que algunos/as (muchos/as) estudiantes se resisten a formar parte de la red en la que siento que podríamos potenciar cualquier acción. Me preocupa que el deseo de encontrarnos pareciera estar en baja y que, mediados por las pantallas (pero ya no obligados por la educación remota que practicamos en la pandemia), perdamos la dimensión de los cuerpos que hacen lazo y de los espacios que se habitan, se huelen, se sienten y se construyen al entrelazarse.

La educación se hace verbo en los territorios en los que habilita la posibilidad de vincularnos, de crear lazos, sacar a la luz nuestros intereses que se mezclan con deseos y que nos impulsan a movernos. Los vínculos se hacen con los cuerpos (activos o quietos – esperanzados o abatidos) que se encuentran en algún territorio y para algo más o menos definido que tenemos – podemos – debemos – queremos hacer juntos/as. 

“Si una pedagogía de la interrupción implica un salto afuera de los automatismos, si lo que recoge no son las perlas diseminadas de un rosario para hilvanarlos según su representación, si se interesa por las ruinas y fragmentos entonces podemos pensarla como un trazado de temporalidades, territorios y afectividades. Temporalidades en tanto experiencias de un tiempo “para nada”, desprovisto de finalidades no así de consistencias; territorios como el trazado de circunstancias concretas devenidas de la singularidad de problemas; afectividades como la gestación de lazos deseantes y no meramente funcionales” (Duschatzky, S. 2021. Pedagogía de la interrupción.)

Educar es movernos de lo conocido a lo desconocido, es habilitarnos en modos de hacer, de poner a prueba, de experimentar, de nombrar, de sentir y de pensar lo que hacemos. Es provocar algo en los otros que se amuchan para algo y es también provocarnos en la ruptura de las certezas. La incertidumbre del contexto a la que se suman las lógicas del mercado, se une a la conciencia del inacabamiento humano y se pone en juego la potencialidad de la curiosidad. 

“Vemos borroso, vemos puntos que no veíamos, no sabemos de qué se trata eso que nos llega a las retinas. El saber empieza a ignorar y una imagen se revela como fértil: «la ignorancia del saber», paradoja que nos invita a explorarla. Comencemos despejando equívocos. No se trata de un mero no saber sino de la evidencia de un saber que no dialoga con lo real, que no alcanza a producir efectos, que está lejos de afectar los modos de existencia.” (Duschatzky, S., Aguirre, E., Farrán, G. Lo que el saber ignora. Clase Diplomatura en Gestión Educativa. Flacso)

La pregunta – problema se torna motor, nos invita a la acción, nos invita a seguir abriendo espacios desconocidos. Así como en los libros de “elige tu propia aventura”, siempre aparece una nueva pregunta, una respuesta que hace ruido, un término que encaja poco o una mirada que nos invita a seguir buscando.   

Educar es preguntarnos, plantearnos problemas que orienten el movimiento, preguntas que nos afecten y nos enlacen. El lazo se sostiene en la escucha y en la percepción. El lazo se construye si hay autonomía para generar conocimientos sobre y desde lo que nos preocupa como comunidad. El conocer potencia y produce soberanía. 

“Lo que conocemos no es sorpresa, sólo brújula de protección, control o inmunización. Lo que ignoramos, en cambio, toma la forma de pregunta. (…) Un buen problema es el que nos abre a una variación en los modos de percibir, sentir, actuar, pensar.” (Duschatzky, S. Desbaratando el lenguaje. Clase Diplomatura en Gestión Educativa. Flacso).

El ser humano es inacabado y la experiencia educativa se torna incierta en sus resultados. Más allá de cuánto se esfuercen los modelos educativos en proponer formas de planificación, y en fijar estándares de evaluación, el impacto del acto educativo resuena diferente al interior de la biografía de cada uno de los actores que se encuentren en el espacio que se configure como aula, como escuela o como espacio fundando para el aprendizaje y la enseñanza.   

“…no sabemos hacia dónde nos llevará la aventura del pensamiento; no sabemos lo que puede activar un encuentro educativo; no sabemos la dirección que puede tomar una palabra, un texto, un devaneo intelectual, un acto. (Duschatzky, S., Aguirre, E., Farrán, G. Lo que el saber ignora. Clase Diplomatura en Gestión Educativa. Flacso)

El no saber y la conciencia de inacabamiento, se contraponen a la imagen de aquel maestro poseedor de conocimiento que desde la tarima se dispone a rellenar las mentes de estudiantes vacíos, se contrapone a la idea de autoridad e instala la posibilidad de diálogo, de búsqueda y de sorpresa. 

La información invade las redes, pero lo que ocurre en el encuentro educativo tiene otra esencia, otro olor. Quizás porque configura la posibilidad de entramarnos, de compartir una temporalidad, de que el lazo se transforme en tejido y en sostén para avanzar hacia nuevas problematizaciones. El estar juntos durante un tiempo, en un espacio y con un objetivo más o menos claro, habilita la posibilidad de diálogo. En ese espacio horizontal de convivencia circulan saberes y se ejercen roles. El profesor sabe algo e ignora algo pero está en ese espacio para enseñar. El estudiante sabe algo e ignora algo pero habita el aula para aprender. Entre cosa y cosa, el profesor aprende y el estudiante enseña demostrando que la curiosidad no se agota con la experiencia sino que se retroalimenta en situación. 

“No se trata de una inversión de roles: el que sabe ya no es el maestro, el que sabe es el niño, joven, alumno o destinatario de una práctica educativa. Se trata, en cambio, de la única premisa que contempla una conversación: la potencia de hablar no reconoce jerarquías y el fluir de un encuentro radica en echar a andar esa palabra ajena que habilita un enhebrado” (Duschatzky, S. 2003. Maestros errantes. Clase Diplomatura en Gestión Educativa. Flacso).

Cierro estas reflexiones tomando la idea de Fernand Deligny que remite a los docentes como pescadores de ballenas. Y la idea fuerza de Paulo Freire de la Educación como instrumento de transformación.  

 Me quedo pensando en ¿qué me mueve?¿cuáles son las condiciones del mar en el que me toca salir a pescar?, ¿con quiénes subo al bote? ¿Cuál es el estado de la embarcación?Me quedo pensando en la intencionalidad que se transparenta en la idea de “cambiar el mundo” que está a la base del acto educativo y que se opone a toda inmersión de los intereses del mercado. También registro la conciencia que tenemos los y las docentes de que esa intensión funciona como la utopía que nos impulsa a seguir. 

Luces y sombras. Ambivalencias sentipensantes que todo el tiempo invaden la respuesta a la pregunta ¿Qué es educar? que insiste en quedar incompleta y que, por eso se torna inquietante.

Referencias

Duschatzky, S. Pedagogía de la Interrupción. O un salto afuera.  Revista Adynata. 2021. Disponible en este link.

 

Puiggros, A. (2010) “La hora de la soberanía educativa de Amé-rica Latina”, Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 22, núm. 58, septiembre-diciembre, 2010, pp. 19-28.

 

Scarfó F. J. y Aued, V. (2012) El derecho a la educación en las cárceles: abordaje situacional. “Aportes para la reflexión sobre la educación como derecho humano en contextos de la cárcel”. Disponible en este link. 

Soberanía ambiental y minería en Argentina: conflictos socioambientales y defensa de los bienes comunes.

Por:Diego Tello.
Docente en el Departamento Humanístico y Formativo de la FCE

Introducción

La minería en Argentina, especialmente de oro, plata, cobre y litio, ha escalado en los últimos años como un tema central de conflicto socioambiental y de discusión sobre la soberanía en el manejo de recursos esenciales para la vida y el bienestar de las comunidades. La presión proviene de la necesidad de ingreso de capitales extranjeros, los cuales imponen un modelo de explotación que, muchas veces, privilegia el lucro sobre el equilibrio ecosistémico y los derechos de las comunidades. En contraste con las aspiraciones de soberanía ambiental, la reciente legislación promovida por el gobierno argentino ha creado un marco normativo que promueve la llegada de capitales extranjeros al sector minero. Esta legislación establece condiciones que priorizan el lucro de las empresas sobre la protección de los bienes comunes y los derechos de las comunidades locales. La falta de una consulta efectiva y de procesos participativos en la toma de decisiones, sumada a la debilidad de los controles ambientales, ha generado desconfianza en las comunidades afectadas, que sienten que sus necesidades y derechos son ignorados en favor de los intereses económicos externos. Este contexto resalta la urgencia de reflexionar sobre un enfoque más equilibrado que permita una verdadera soberanía ambiental, en lugar de un modelo que perpetúe la dependencia de la explotación de recursos por actores foráneos.

Aproximación conceptual: Soberanía y bienes comunes

El concepto de bienes comunes engloba los elementos naturales y sociales que sustentan la vida en comunidad, entre los primeros, el agua, la tierra y el aire. La soberanía ambiental se entiende como la capacidad de las comunidades para gestionar y proteger sus bienes comunes, garantizando su uso responsable y sostenible en el tiempo basada en legislaciones provinciales y nacional apropiadas.

Factores clave de los conflictos socioambientales mineros en Argentina

  1. Impacto en el agua y el ecosistema. La minería de oro, plata, cobre y litio afecta gravemente los bienes comunes, en particular el agua, al consumir grandes volúmenes y contaminar ríos y cuencas. Las operaciones del litio en los salares de la Puna y la explotación de oro en áreas de alta montaña son ejemplos donde el uso del agua, recurso escaso en estas zonas, impacta negativamente en las comunidades y los ecosistemas. En este marco, los colectivos socioambientales denuncian que el modelo de capitales mineros ignora las necesidades locales.
  2. Capitales extranjeros y presión extractiva. El impulso hacia una economía minera en Argentina ha estado marcado por la entrada de capitales extranjeros, cuyos proyectos buscan maximizar beneficios en el corto plazo y repatriar sus ganancias a sus países de origen. Este tipo de inversión muchas veces se realiza con escasa consulta a las comunidades y omisión de estudios de impacto ambiental que contemplen los efectos a largo plazo. Asambleas como “Jáchal No se Toca” en San Juan y colectivos en la región de la Puna, como la Asamblea de Comunidades del Salar, se han movilizado precisamente para rechazar el avance de proyectos mineros que consideran incompatibles con sus derechos y tradiciones.
  3. Degradación de los ecosistemas, glaciares y cambio climático. La degradación de los ecosistemas a causa de la minería se agrava con el cambio climático. La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares, aprobada en 2010, busca proteger estos ecosistemas y las áreas periglaciares debido a su rol fundamental en la regulación de los recursos hídricos. Sin embargo, las actividades mineras en zonas glaciares y periglaciares representan una amenaza directa a estas fuentes de agua crítica, con implicancias que afectan la seguridad hídrica de las comunidades locales. Colectivos como la Asamblea El Algarrobo en Catamarca han alzado sus voces para exigir el cumplimiento de esta ley, frente a los riesgos que la actividad minera representa para los glaciares, que son bienes comunes esenciales para el equilibrio ambiental.

Ejemplos de resistencia y defensa de los bienes comunes

Las asambleas socioambientales han jugado un papel determinante en la defensa de los bienes comunes y en la denuncia de los efectos de la actividad minera en sus territorios. Organizaciones como la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) han liderado movilizaciones, promovido leyes y llevados adelante amparos judiciales para restringir la explotación minera en zonas donde los bienes comunes, como el agua y el suelo, son esenciales para la vida y el tejido social. Estos colectivos consideran que la explotación extractiva, con fines mayormente foráneos, no se alinea con las necesidades ni con la cosmovisión de las comunidades locales.

Reflexiones finales: Soberanía y bienes comunes como ejes de un modelo de desarrollo alternativo

El conflicto entre la minería y la soberanía ambiental en Argentina expone la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo hacia uno que priorice el manejo de los recursos esenciales para la vida y el concomitante respeto por los derechos de las comunidades. Avanzar hacia una soberanía ambiental real significa reconocer el valor de los bienes comunes y permitir que las comunidades locales tomen decisiones sobre sus territorios y recursos. Las asambleas y colectivos socioambientales representan esta visión alternativa, impulsando un modelo de desarrollo que no solo respeta la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también fortalece la cohesión social y el derecho de los pueblos a vivir en un ambiente sano.

Este texto busca inspirar una reflexión colectiva y un cambio de políticas públicas que prioricen el bienestar común y la gestión equitativa y sostenible de nuestros bienes comunes, protegiendo así la soberanía ambiental de la generación actual y las futuras.

La cultura también es soberanía.

Por: Camila Aguirre.
Estudiante de Periodismo en el Departamento de Cs de la Comunicación

Hace 50 años que en Argentina, cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, propuesto por el historiador José María Rosa en 1974. 

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, cuando las fuerzas nacionales resistieron el intento de invasión británica. 

Actualmente, esta fecha simboliza mucho más que una victoria militar y la defensa de la soberanía ante las potencias extranjeras. Entre las luchas que se suman, está la de la cultura como resistencia ante la homogeneización y defensa de la identidad cultural.

El concepto de soberanía tiene varias concepciones que se relacionan y conviven entre sí. Una de ellas es la soberanía cultural. Se trata de la capacidad de producir, conocer y defender la cultura. Defender lo que nos caracteriza como argentinos, la diversidad que nos une de una punta a la otra del país. La soberanía cultural forma parte del sentido común de todos los pueblos y es parte de un derecho humano: el derecho a la cultura. 

Se trata de defender una cultura que, al mismo tiempo, está sujeta a presiones de las hegemonías internacionales, que pueden considerarse como una fuerte amenaza a la soberanía cultural. 

“Hay un peligro de extinción de las identidades culturales” afirmaba Jorge Coscia, secretario de cultura (2012) en una de sus reflexiones sobre soberanía cultural hace 12 años. Y lo estamos viviendo, lo internacional se impone cada vez más en nuestra cotidianeidad, tanto cultural, como económica y políticamente. 

Es justamente la defensa de lo propio, lo que un día como el 20 de noviembre se debe dar como clave para la reflexión. Porque la soberanía cultural conecta no solo nuestro arte, sino también nuestra ciencia, tecnología y relaciones humanas. Está vinculada directamente con la identidad nacional y los esfuerzos por mantener las tradiciones y la historia del pueblo frente a la  globalización. 

Las influencias internacionales toman cada vez más protagonismo, por eso es importante el hecho de reafirmar la soberanía, en todas sus perspectivas. Además de la cultura, entre sus ejes se incluye la defensa de los recursos naturales, la educación de calidad (en un escenario actual de tensiones) y las políticas públicas a favor del desarrollo argentino.

No se trata de estar en contra de lo exterior, al contrario. El desarrollo también tiene que ver con eso, la interacción con otras naciones, economías, culturas y políticas que fomenten el bienestar de los ciudadanos. Todo eso es clave para mejorar como país. El punto está en no perder de vista lo propio, en fomentar la participación, el financiamiento y el apoyo a la ciencia, la tecnología, la industria y el arte local. Para así ser referentes y dar fuerza a la diversidad de identidad cultural que nos pertenece.

En los últimos años Argentina ha tenido un trabajo de gestión que impulsó bastante a parte de la cultura nacional. Desde 2019 el Ministerio de Cultura asumió la gestión cultural con el compromiso de fortalecerla. En 2020, se enfrentó una pandemia con suspensión de actividades, pero hubo años siguientes con mayor inversión en proyectos culturales, homenajes, programas, restauraciones y festivales, con la participación de muchos sectores del país. Sin embargo, a pesar de estos avances y más aún con la influencia de las plataformas digitales, se sigue en una batalla cultural. El consumo homogeneizado de contenidos puso en declive la atención en las producciones culturales locales. Por otro lado, muchos artistas locales parecen encontrar mejores oportunidades y remuneraciones en el exterior, y ese es otro punto que hace pensar si realmente en todo el país la cultura local es reconocida y valorada como debería o sólo hay apoyo y atención en algunas zonas del territorio Argentino. 

El 20 de noviembre, además de ser una fecha de conmemoración, es un día para reflexionar sobre la importancia de la soberanía cultural. Reconocer los valores, las fortalezas y las herramientas que nos nutren como argentinos y argentinas, y que nos dan riqueza tanto material como cultural. No solo eso, sino reconocer el sacrificio y trabajo de quienes se esfuerzan día a día por mantener la cultura a través de su profesión, su cuerpo, su mente y las innovaciones para un desarrollo local más fuerte. Este es otro año para seguir luchando por más memoria, justicia y soberanía.

Fuentes consultadas

Cultural El Despertador

Ministerio de Cultura de la Nación | Jorge Coscia – Soberania cultural

Que supimos conseguir

Por: Julieta Celluci.
Graduada en el Departamento de Letras.

Una teoría de la praxis siempre propone en potencia nuevas prácticas inquietas, que nacen muchas veces de una necesidad, si no de la urgencia. Se realizan punzantemente en contextos como el actual, de crisis económica y reconfiguraciones socio-políticas. Las Universidades son ese bastión -nos organizamos para que no sean el único ni el último- donde forjar el pensamiento crítico. Y desde ahí partimos para confiar siempre en la oportunidad plena que significa repensarlo todo, discutirlo todo; a la vez que reconfirmar muy bien dónde anclarnos para tal fin, qué bases sostener, qué posicionamientos éticos-políticos-ideológicos adoptar, y desde allí rearmar el escenario, barajar y dar de nuevo.

Formada en la UNRC, el ejercicio de mi práctica docente se hizo cuerpo en territorios escolares de matriz popular. De allí que la decisión de forjar una teoría desde la praxis esté marcada por la opción del pueblo, con enfoque en derechos humanos, pero también desde una perspectiva materialista, que señala la antinomia entre el sector pueblo y subalterno, y el sector hegemónico de concentración de poder. Frente a esto, quienes defendemos la Universidad como derecho, sostenemos que la Uni, nuestra Uni, debe optar por el pueblo, condición indispensable para pensarnos y realizarnos soberanamente.

En este sentido, la dicotomía que planteamos no es en términos solo materiales, sino también simbólicos. Por lo que la literatura y la educación literaria se activan desde esta mirada que proponemos como campos predilectos de batalla cultural. Desde las aulas, en cada barrio, una práctica consciente de su anclaje, reconociéndose en el entramado de instituciones y actores y actoras, no achica su visión y camina hacia un horizonte a lo grande. Sin una comunidad organizada difícilmente se pueda perseguir ese horizonte, menos ir- siendo, digna y soberanamente, en el proceso. Es claro: no se puede ser feliz en soledad.

 Graduada del Departamento de Letras y docente en territorio, revalorizo la importancia de los procesos de educación literaria y educación popular, realizables sobre la “plataforma de la Patria”, que es como define Adriana Puiggrós a la educación pública. Asimismo, adhiero al hecho fundamental del libro literario en el aula; y de preparar escenarios para generar condiciones de lectura que contemplen a los sujetos de estas prácticas como sujetos de derechos, protagonistas de sus propios procesos de liberación, siempre en la trama de su comunidad.

 Desde la experiencia práctica, así como desde su abordaje teórico -la lente científica y crítica que la Universidad me ha brindado, como a tantes otres “hijes de la pública”-,  en tiempos de ajustes y desajustes, de repliegue y reorganización, de discursos de odio articulados desde el Estado y de resistencias, reafirmamos posicionamientos teóricos, éticos y políticos para volver una vez más y siempre al pueblo. Allí donde esperan las preguntas que debemos hacernos para habitar con decisión respuestas a la altura de los tiempos que corren. Desde la sensibilidad teórica y la convicción práctica, con el libro en alto y con los pies danzando en la fiesta popular, educar será todavía una posibilidad de alternar o alterar el programa político que viene por nuestro horizonte, al acecho de la palabra poética y las narrativas propias que supimos conseguir.

Amapola del 66 - DIVIDIDOS

Universidad, Soberanía Alimentaria y políticas ecosociales.

Por: Julia Pereyra*.
Graduada de Ciencias de la Comunicación.

En 1996 la vía campesina integrada por organizaciones campesinas e indígenas del mundo entero proclamaron la soberanía alimentaria como único camino para un futuro sin hambre.

Pasaron 28 años y el agronegocio se impuso como modelo hegemónico bajo la mentira de ser el único modo de producción capaz de alimentar a toda la población. 

Este modelo de agricultura industrial, que en los 60 vaticinaba una alimentación para todxs a partir de la revolución verde y los avances de la biotecnología, demostró ser un régimen de expropiación de la naturaleza con consecuencias sociales, ambientales, económicas y sanitarias que deteriora las condiciones de vida de las comunidades, niega el alimento a gran parte de la población y contribuye al colapso ambiental que estamos transitando.

 Según el último informe de la FAO (1), en Latinoamérica y el Caribe 200 millones de habitantes están en situación de inseguridad alimentaria y 60 millones de personas pasan hambre. Entre el 2014 y el 2020 el hambre creció un 79%, seis años de crecimiento sostenido de la inseguridad alimentaria en toda la región debido al avance de los monocultivos transgénicos para la exportación que ocupan el 70 por ciento del suelo destinado a la agricultura. La agroindustria en Argentina aplica más de 500 millones de litros de agrotóxicos por año, destruye 75 millones de toneladas de capa de suelo fértil anualmente, desmonta un promedio de 75 millones de hectáreas de bosques, utiliza el 90% de combustibles fósiles y 80% del agua dulce (2). La mal llamada industria alimenticia está concentrada en tres corporaciones que controlan el 60% del mercado, produce ultraprocesados de bajo nivel  nutricional con exceso de conservantes y aditivos que atentan contra la salud, fija precios inaccesibles para la mayoría de la población y la cadena tiene un nivel de desecho que alcanza el tercio de la producción (3). Estas son algunas cifras que muestran la responsabilidad de la agroindustria respecto a la crisis climática y ambiental, los daños que causa en la salud y su incidencia en el aumento del hambre en Argentina, datos de los que pocos hablan.

Dictaduras, gobiernos neoliberales, gobiernos progresistas y el actual retorno a un Estado completamente subordinado a los capitales trasnacionales, sostuvieron esta matriz productiva tóxica-extractiva de producción de commodities facilitaron -y facilitan- su implementación en nuestros territorios bajo lógicas neocoloniales, serviles al proceso de acumulación global.

El gobierno de Javier Milei representa el ejemplo más acabado de esta política de saqueo mediante la entrega total, sin nada a cambio, de nuestros bienes comunes. La ley Bases representa el reemplazo de un proyecto soberano de desarrollo por el sometimiento explícito a los monopolios. Junto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dicha ley constituye la ingeniería normativa para beneficiar al capital trasnacional destruyendo aquellas leyes que permitían un mínimo de resguardo ambiental (Ley de Bosques, Ley de Glaciares, etc.). Estas medidas marcan la apertura a un nuevo ciclo de despojo a través de la dupla estado-trasnacional para la maximización de ganancias y la devastación ambiental.

El presente y el futuro de la alimentación se dirime entre el proyecto del capitalismo financiarizado bajo regímenes de acumulación socioecológica (Fraser, 2023) y el proyecto de sostenibilidad de la vida de todas las especies humanas y no humanas. Frente a esta disputa, los movimientos campesinos e indígenas, lxs pequeñxs productores y agricultorxs familiares acuñaron el concepto de Soberanía Alimentaria para avanzar hacia proyectos alimentarios que garanticen el acceso al alimento sano, resguardando la diversidad ecosistémica y colocando en el centro del debate el régimen de desigualdad impuesto por el capitalismo global. Sembraron y expandieron hacia todos los sectores sociales la necesidad de pensar cómo organizar nuestros sistemas alimentarios ante la expansión del capital. La distribución de la tierra, la no mercantilización de nuestros bienes comunes, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y diversidad de las comunidades rurales y urbanas y la solidaridad entre los pueblos son los componentes esenciales para la elaboración de políticas en torno a la alimentación y la agricultura”(4).

Las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CaLiSAs) que existen en más de 60 universidades del país, abrazamos este concepto y lo llevamos a las universidades con el fin de romper el eurocentrismo dominante e incorporar el conocimiento de las comunidades campesinas, de las organizaciones socioambientales y de las asambleas a la lucha contra el extractivismo y la defensa de la alimentación sana, segura y soberana. Junto con los movimientos sociales seguimos aprendiendo sobre la necesidad de mirar -y transformar- la matriz productiva y nuestra inserción en el mundo desde una perspectiva ecosocial y soberana para crear nuevos sistemas alimentarios. Estos saberes territoriales vinculados al conocimiento científico universitario nos permiten avanzar en la construcción de otro modelo y al mismo tiempo nutrir desde la praxis un pensamiento latinoamericano crítico que interpele las bases de la ciencia hegemónica y alimente posibilidades concretas de transformación.

Aprendimos en este tiempo de avanzada corporativa dentro y fuera de las universidades, que dar pelea en el campo del aprendizaje desandando las lógicas dualistas y avanzando hacia pedagogías críticas y emancipatorias constituye el camino para construir universidades al servicio de los pueblos y sus necesidades. Desde la extensión universitaria, desde la vinculación intercátedras, desde las prácticas sociocomunitarias, en conjunto con las comunidades y los movimientos sociales, las CaLiSAs nos anclarnos en los territorios para pensar juntxs salidas colectivas a la crisis civilizatoria.

Hoy que los bienes comunes están en el centro de la disputa geopolítica, la lucha por el derecho al alimento puede ser un punto de intersección para entender cómo la embestida extractivista afecta la vida de todxs y unirnos en la construcción de una nueva política  transambiental y anticapitalista.

*Comunicadora Social. Integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Río Cuarto y de Figura Fondo organización de Cultura y Ambiente.

Referencias

1- Portal de conocimiento FAO 

2- En Rossi, L. Teoría Política de la comida. Ed. Muchos Mundos, 2023.

3-Idem nota al pie 2

4-Vía Campesina, 2021 

SOBERANÍA .

Educación.

Desarrollo.

Soberanía alimentaria y movimientos sociales: la experiencia de CaLisa Río Cuarto.

Por: Porporato, Andrea, Barbeito, Azul y Heguiabehere Amparo.
Integrantes Cátedra de Extensión Rural-FAV-UNRC

El hambre es un problema social que aqueja a los pueblos desde tiempos remotos, pese a los incrementos en los rendimientos de la producción agropecuaria, los alimentos siguen siendo inaccesibles para muchas personas. En este contexto, surgen movimientos sociales que se organizan para buscar soluciones ante estas problemáticas. Tal es el caso de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red CALISAS) en Argentina, la cual integra a más de 60 espacios constituidos en universidades públicas, instituciones educativas y organizaciones sociales. 

En el año 2017, se conforma CaLiSA Río Cuarto, integrada por personas autoconvocadas pertenecientes principalmente a la Universidad Nacional de Río Cuarto, docentes del nivel secundario y terciario; y personas afines a la temática. Esta organización lucha en pos de conquistar la soberanía alimentaria desde antes de su conformación como cátedra, su principal antecedente es el movimiento social Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. La misma, emerge a partir de la intención de la empresa Monsanto de instalar una planta en el periurbano de la ciudad, motivando a que la sociedad civil se organizara y resistiera. Como plantea Fernández (2008) el conflicto y el desarrollo ocurren al mismo tiempo y, como consecuencia impulsan cambios en los territorios. Este conflicto condujo a la formación de la agrupación, que con el correr de los años se transformó en CaLiSA.

La lucha por el territorio muestra las tensiones en torno al uso del poder en un contexto específico como es el de la ciudad de Río Cuarto: una agrociudad, rodeada de producciones agropecuarias, pero también con una universidad pública en sus inmediaciones, vecinos preocupados por su salud y un caso polémico por problemas con plaguicidas en la provincia, como es el caso de barrio Ituzaingó. Las marchas, las negociaciones con el gobierno local, la representatividad ciudadana que obtuvo el accionar de la asamblea fueron las estrategias que utilizaron para resistir e ir construyendo consensos, ganando poder.

Las redes de relaciones que se fueron tejiendo entre los miembros de la asamblea con los organismos del estado, permitieron discutir y refirmar normas que definen los usos económicos, sociales, políticos, militares y ecológicos del territorio en cuestión. Su propósito siempre fue contribuir a la construcción de la soberanía alimentaria, resistir al avance del agronegocio y el desmonte, e impulsar la agroecología. Entre los principales logros se destacan: el impedimento de la instalación de la multinacional en las inmediaciones de la ciudad y la presentación de un proyecto de ordenanza que propuso la conformación de una mesa para acompañar la transición hacia la agroecología en los sectores del periurbano.

Los movimientos sociales por lo general, pasan por diferentes momentos a lo largo de su existencia, una vez que se resuelve la problemática que los convocó, el espacio tiende a disolverse: Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos no fue la excepción. Sin embargo, algunos de sus miembros seguían con el mismo propósito, para ellos el problema no terminaba con la instalación de Monsanto, sino que era mucho más profundo. Es así, que cuando Myriam Gorban, referente de la soberanía alimentaria en Argentina y creadora de las CALISAS, visita la ciudad, se abre la posibilidad de reconfigurar el grupo y pasar de ser asamblea a ser cátedra libre.

CALISAS impulsa el derecho de las comunidades de definir sus propias políticas a los fines de que estas, garanticen el derecho a la alimentación. Es una propuesta sociopolítica transformadora en la que se reafirma la acción colectiva e incentiva la democratización del sistema agroalimentario a nivel mundial y local (Carballo, 2018). En este marco, en Río Cuarto, CaLiSA realiza acciones que buscan promover la autonomía y la justicia en el ámbito de la alimentación. Al fomentar la educación y conciencia sobre la soberanía alimentaria, empoderan a las comunidades para que puedan tomar decisiones informadas sobre la producción, distribución y consumo de alimentos, desafiando así, las estructuras de poder dominantes en el sistema alimentario. Es por ello que las ideas mismas de soberanía alimentaria y de agroecología son instituyentes, porque ponen en debate el modo actual de producir, de concebir los recursos naturales y sus utilidades, es decir, construyen territorio. 

Reflexionar sobre el poder, su distribución, quiénes y cómo lo ejercen en un territorio y cómo, a partir de ello, se generan desigualdades y conflictos, nos lleva a cuestionar el sistema agroalimentario en el marco del capitalismo. Territorio y sistema agroalimentario están intrínsecamente ligados, y sus relaciones de poder influyen en la configuración y las transformaciones de los mismos. 

En este sentido hoy CaLiSA Río Cuarto, ayer Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, como movimiento social, lucha en pos de acortar las brechas generadas por el modelo económico productivo actual. Lleva como estandarte la resistencia a los modelos agrícolas-dominantes y la construcción de un sistema agroalimentario más justo y sostenible. Intentan romper con las desigualdades del sistema alimentario proponiendo relaciones equitativas con el entorno natural y social, incentivando el debate sobre los problemas de la agricultura y la cuestión agraria. En síntesis; luchan por un territorio simbólico que es la soberanía alimentaria.

Referencias

-Betancourt Santiago, M., Bolados García, P., Bonecini de Almeida, L., Cariño Trujillo, C., Cruz, V. D. C., Geglia, B., & Wahren, J. (2021). Conflictos territoriales y territorialidades en disputa: re-existencias y horizontes societales frente al capital en América Latina. CLACSO.

-Carballo González, C. (2018). Soberanía alimentaria y desarrollo caminos y horizontes en Argentina. 1a ed. revisada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mónadanomada, ISBN 978-987-45781-3-6

-Carniglia, E. y Cimadevilla, G. (2010). Informe general del relevamiento de huertas en barrio Alberdi. Área Comunicación y Desarrollo. Dpto. Cs de la Comunicación. Río Cuarto: FCH-UNRC.

-Ceroni Acosta, M. B. (2022). Territorio y materialismo histérico-geográfico: aproximaciones y nuevas perspectivas. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 31(2), 463-475.

-Fernandes, B. M. (2008). Questão agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial. Luta pela terra, reforma agrária e gestão de conflitos no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 173-224.

-Fernandes, BM (2000). El movimiento social como categoría geográfica. Tierra Libre, (15), 59-86.

-Guzmán, E.S. (2002). La perspectiva sociológica en la Agroecología: una sistematización de sus métodos y técnicas. Agroeco. y desarrollo. Sostenimiento Rural, 3, 18-28.

Soberanía.

Educación.

Desarrollo.

Esta publicación terminó de editarse el 16 de diciembre de 2024

Producción y Diseño:

Secretaría de Gestión Comunicacional y Cultural

2024 - Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de Río Cuarto