La intención de este escrito es contribuir a la reflexión colectiva sobre la ley nacional de educación sexual integral N°26.150 (ESI), a 20 años de su sanción. Desde su publicación, en 2006, la ESI se posicionó como un derecho humano fundamental de las infancias y adolescencias, garantizado por el estado para que las personas puedan tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre sus cuerpos, proyectos de vida y ejercicio de la ciudadanía.

De algún modo, por su transversalidad, integralidad e interdisciplinariedad, la ley impuso una especie de giro copernicano en la construcción epistémica de los saberes sobre el sexo, identidad, género, política, homosexualidad, heteronormatividad y deseo, entre otros, ya que estos conceptos comenzaron a repensarse desde otras perspectivas que rompieron con el dominio absoluto del paradigma médico-biologicista para pasar a una mirada social y cultural, desde la propia persona. En este sentido, transformó las prácticas en las aulas al reconocer, por primera vez, que las infancias y adolescencias son sujetos plenos de derechos y no meros objetos de tutela adulta. La norma cambia el paradigma educativo, transforma a la escuela en un espacio de cuidado, prevención y promoción de la igualdad. Ya no se concibe al y a la estudiante como un receptor pasivo o “propiedad” de las familias sino como un ciudadano con derecho a recibir información validada.

Fue una normativa que causó y sigue causando mucho impacto y también mucha resistencia aunque, a la vez, habilitó nuevos debates y nuevas líneas de desarrollos teóricos que permiten leerla como un campo de disputa; en un contexto de fuerte retroceso institucional, desfinanciamiento de áreas específicas a nivel nacional y oposición ideológica.

La ESI se encuentra hoy en el centro de la escena política y cultural. Por un lado, existen movimientos de la sociedad que defienden su aplicación como una herramienta fundamental para el ejercicio de derechos, para desarmar prejuicios, valorar la diversidad y defender la autonomía sobre los propios cuerpos e impulsan espacios de debates y formación para asegurar su continuidad a los fines de garantizar la igualdad, la identidad, prevenir la violencia de género y proteger a las infancias frente al abuso sexual. Por otro lado, es objeto de narrativas que alegan vulneración de los derechos de las familias y la consideran adoctrinamiento y estrategia de desinformación, limitando su alcance e implementación plena.

Desde un enfoque político y de derechos, se sostiene que la educación sexual integral representa mucho más que una transmisión de conocimientos biológicos que se estudian. Dimensiona el cuerpo como un espacio físico y político primario, de autonomía y soberanía, donde las leyes, las libertades y las desigualdades se materializan y se hacen visibles directamente sobre las personas. Se constituye en un territorio de autocuidado y autoconocimiento para protegerlo, para identificar situaciones de riesgo, prevenir abusos y exigir el respeto a la propia integridad física y emocional dentro y fuera de la escuela. Permite entender que todos los cuerpos son diferentes, valiosos y sienten. Expresa emociones y se vincula con otros desde la afectividad, el disfrute y el cuidado integral, sin miedos ni culpas culturalmente arraigadas.

A través de sus ejes centrales, la normativa genera importantes rupturas históricas y conceptuales que hicieron tambalear a todo lo que se enseñaba hasta el momento sobre el sexo y el género. Introdujo la idea del género como una configuración socio-histórica que disparó el concepto de “performatividad” (Butler, 1990), es decir, como una “actuación” reiterada del sujeto que la realiza en función de una normativa genérica que promueve y legitima o sanciona y excluye. Antes de esta ley, las ideas se dividían a grandes rasgos entre las que entendían al género como la interpretación cultural del sexo y aquellas que insistían en la inevitabilidad de la diferencia sexual. Ambas presuponían que el sexo era un elemento tributario de una anatomía incuestionable, como algo “natural”, que no dependía de las configuraciones sociohistóricas. En otras palabras, como afirma Butler (1990), la idea del “sexo” como algo natural es el efecto de una concepción biologicista y fragmentada, que se da dentro de un sistema social y normativo binario y heterosexual que condicionan nuestras maneras de actuar, o sea, en un marco en el que existen dos opuestos (masculino y femenino) que se atraen entre sí y en el que cada uno cumple con determinadas expectativas y modelos de conductas aceptados culturalmente. Políticamente, el hecho de que este sistema normativo traiga aparejada la suposición de reglas de continuidad y coherencia entre sexo, género y orientación afectivo-sexual (que los órganos sexuales se corresponden con el género y que el deseo, por lo tanto, es heterosexual) sería la causa de que, cuando no se cumple con esa expectativa previa o mandato normativo hetero-cis, haya personas que queden condenadas a ser pensadas como “desviadas” y “discriminadas” ante cualquier diferencia que surja.

Es de destacar la importancia de haber desnaturalizado las expectativas de género y visibilizar la normatividad de género, en todos los ejes de la norma. Si no hay una esencia interna que se pone al descubierto cuando se actúa el género, entonces no es posible medir a los actos de género como verdaderos o falsos, ni correctos ni desviados. Si esto es así, es posible que existan “diversas” identidades de género que se pueden construir. En esta línea, se brindan argumentos para luchar por la despatologización y por la transformación de concepciones culturales que generan consecuencias tan crueles para las personas como la discriminación, la marginación y la violencia estructural.

A modo de cierre, la educación sexual integral con perspectiva de género no es una opción pedagógica sujeta al arbitrio de las instituciones o las familias. Es un derecho humano consagrado por ley. Garantizar la ESI es darle la potencia a la educación pública para habilitar espacios de escucha y libertad orientados a desarmar los mandatos históricos que violentan a las identidades y debilitan la consolidación de una sociedad democrática basada en la diversidad.