Por Franco Suárez. Estudiante de la Carrera de Comunicador Social – Facultad de Ciencias Humanas.
En el marco del debate que generó el proyecto presentado por el gobierno para reformar el Régimen penal juvenil, el pasado lunes 27 de mayo el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC realizó una conferencia seguida de un taller con el propósito de analizar multidisciplinariamente la reforma legal que busca reducir la edad de imputabilidad.
La conferencia fue encabezada por las abogadas Claudia Cesaroni, Marisel Segovia y la psicoanalista Liliana Micca, mientras que a la mesa de asamblea se sumaron distintas organizaciones que aportaron reflexiones a partir del trabajo realizado en distintos sectores mas vulnerables de la ciudad de Río Cuarto. El partido Respeto, graduados y estudiantes de distintas carreras tambien formaron parte del debate.
La abogada y magíster en Criminología Claudia Cesaroni, quien en los últimos años recorrió distintas provincias para hacer un relevamiento de casos abuso de la autoridad institucional, resaltó que el ataque a los adolescentes se ha pronunciado con este gobierno y planteó “construir un registro de casos de violencia estatal” para frenar ciertas prácticas violentas que ejerce la policía con la aprobación del Estado. Sin embargo Cesaroni dejó en claro que bajo el contexto político actual es difícil plantear propuestas alternativas al tema porque “no hay intención de escuchar ideas disímiles de parte del gobierno”.
Para la Abogada Marisel Segovia las posibilidades que existen hasta tanto se apruebe o no el proyecto de ley es “considerar La Convención Internacional los Derechos del niño que tiene validez constitucional y establece que la privación de libertad debe ser la última medida a tomar” afirmó Segovia y aseguró que uno de los principales problemas es que no se cumple con el principio de Justicia especializada en niñez presente en Sistema Penal Juvenil. “Tener un procedimiento adecuado con un fiscal independiente de un juez y no solo personal de seguridad sino también trabajadores sociales y psicólogos que trabajen en conjunto”, dijo Segovia.
En la mesa de diálogo también se desarrolló sobre el eje del Régimen Penal Juvenil, como desnaturalizar y visibilizar la violencia estatal que sufren muchos menores de edad y adultos jóvenes. “Las organizaciones terminamos trabajando por separado y nos enteramos de la violencia institucional cuando los pibes ya fueron detenidos. Además los abogados comprometidos en estos casos no abundan y terminamos endeudandonos para liberarlos”, manifestó Patricia García, Concejal por el Partido Respeto y agregó que “los pibes que se sienten amenazados por la policía no deben volverse al barrio cuando son perseguidos“ sino que debería existir una organización que los acompañe a denunciar el hostigamiento policial.
Desde la organización Sedronar señalaron que la mayor violencia está en los sectores más marginados de la ciudad ya que “usan a los chicos del barrio para hacer prácticas de allanamiento cuando en realidad son inocentes. Los vecinos cuentan que va un grupo de policías y filman esos procedimientos armados”. Por su parte Liliana Micca afirmó “lo más grave de todo esto es que son medidas organizadas desde los estamentos superiores en donde bajan la orden para que haya cierta cantidad diaria de detenciones”.
El taller realizado además del análisis tuvo como objetivo realizar propuestas de trabajo sobre la temática a partir de las reflexiones expuestas por los participantes del debate. El Lic. en Ciencia Política Facundo Aguirre manifestó que lo más factible para lograr un trabajo significativo, “es mediante un plan en el que participen todas las organizaciones que trabajan en el territorio porque si no se parte de allí todas las medidas tomadas a priori están erradas“ y aclaró que “no hay que creer que el territorio es el sector periférico porque en otros sectores de Río IV también te encontras con gente de barrios semi céntricos que pide destacamentos policiales y legitima la violencia institucional”, dijo Aguirre.
Respecto al modo en que los medios de comunicación construyen noticias referidas a delitos, la Magister Claudia Cesaroni argumentó que es importante prestarles atención por la incidencia que tienen con la idea de ejercer justicia por mano propia. “Hay títulos que me recuerdan a la dictadura porque se presenta a los hechos para justificar homicidios, por ejemplo “Era un motochorro merecía morir”, explicó Cesaroni y añadió que la responsabilidad de autoridades políticas del gobierno de Cambiemos agrava la situación, “el presidente y la ministra de seguridad recibieron como un héroe a un funcionario público que le dispara por la espalda a un ladrón”.
