Por Cristian SANTOS. Secretario Técnico de la Facultad de Ciencias Humanas.
Río Cuarto, 25 de junio de 2018.
Hoy es día de paro nacional. Cada uno lo vive en su respectivo lado de la grieta. Están quienes piensan que los paros nunca condujeron a nada, que nada se consigue sin trabajar y que por tanto no hacerlo es un despropósito. Y están quienes piensan que ningún derecho ciudadano pudo conseguirse sin la lucha y la protesta: el límite de ocho horas a la jornada laboral, las vacaciones pagas, el aguinaldo, el voto universal, las licencias por maternidad y paternidad, son evidentes ejemplos. También lo es la interrupción voluntaria del embarazo, acaso el ejemplo más reciente que tenemos y sobre el cual también se ha construido otra grieta.
Pero por estos días otra división se hace presente dentro del ámbito universitario: ¿el reciente Acuerdo con el FMI afectará o no a las universidades? Hay quienes piensan que se trata de un evento completamente ajeno al mundo universitario, que forma parte de la problemática política a nivel nacional y que no tendrá impacto directo en los problemas que son propios del ámbito universitario.
¿Cuáles serían los problemas “puramente universitarios” y por qué se piensa que ellos resultan ajenos a dicho Acuerdo?
La Universidad necesita pagar los salarios a su personal, sean docentes o no docentes; pagar las tarifas de servicios, adquirir insumos, libros y equipamiento; construir y mantener la infraestructura; garantizar el acceso de los estudiantes a las clases y a los exámenes; dictar clases, investigar, hacer extensión; desarrollar nuevos conocimientos útiles a la sociedad, en diversos soportes: proyectos, libros, cursos, carreras.
Según información recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda de la Nación, para el presente Acuerdo que es por unos US$ 50.000 millones en tres años, el Fondo requiere de un ahorro estatal de unos $480 mil millones de pesos en dos años. Esto es, a través de nuestro gobierno nacional la sociedad toda se compromete a realizar un esfuerzo que signifique un ahorro para el Estado en casi $500 mil millones en dos años. A valores de 2018, eso equivale a casi cinco presupuestos universitarios anuales completos.
Volvamos al inicio. Si pensamos que el ajuste no tocará al sistema universitario, sería bueno que identificáramos cuáles serían los sectores de la sociedad que aportarían los recursos para dicho ahorro. Supongamos que solamente se recortaran los salarios de empleados públicos no universitarios. ¿Significaría esto que la Universidad estría al margen del ajuste? Imaginemos que el propio empleado público no universitario estudia -o sus hijos- y que como consecuencia de la reducción de su salario debe interrumpir o abandonar sus estudios, ¿no sería eso un impacto negativo sobre el sistema universitario? ¿Hasta qué punto la Universidad estaría “al margen”, aunque no se recortara explícitamente su propio presupuesto? Si cientos de ciudadanos, como éste imaginario, se ven privados del derecho que los asiste a la educación superior, ¿cómo podría pensarse que la Universidad puede quedar al margen?
Por otro lado, pensemos –como personalmente pienso yo- que al menos parte del ajuste el Estado lo hará sobre el sistema universitario propiamente dicho. Es decir, para ahorrarse casi 500 mil millones de pesos necesariamente deberá gastar menos en el sistema universitario. ¿En qué dejará de gastar en ese caso? ¿En qué aportará entonces la Universidad al ajuste requerido en el Acuerdo? ¿En sueldos de su personal? ¿En sus jubilaciones? ¿En menores partidas para adquirir insumos, libros o equipamiento? ¿En el freno a los proyectos de infraestructura, como la construcción de aulas o de laboratorios? ¿En menos presupuesto para investigar? ¿En el cierre de Universidades? ¿En el tan temido arancelamiento?
Conviene recordar que en 2000 y 2001 el entonces gobierno nacional llegó también a sendos acuerdos: el Blindaje (por unos US$ 40.000 millones) y el Megacanje (por unos US$ 30.000 millones). Por entonces se recortaron en un 13% salarios y jubilaciones estatales. Se sancionó la ley de déficit cero, que obviamente significó recortes presupuestarios. Por estos días los recortes al presupuesto de hecho existen y los ejecutan funcionarios que también estuvieron en el gobierno de entonces. El Ministerio de Modernización hoy está definiendo “dotaciones óptimas” de recursos para las Universidades, es decir, está estudiando cómo y dónde recortar los presupuestos universitarios.
Mientras todo esto sucede, y después de que todo aquello sucediera no hace tanto tiempo, increíblemente debemos explicar que la Universidad no está “blindada” contra este Acuerdo, que seguramente le impactará de manera negativa, que no hay ninguna razón para pensar que siguiendo las mismas prácticas en esta oportunidad podrán obtenerse resultados diferentes y, finalmente, que ninguna posición queda desautorizada por el sólo hecho de habitar un lado de la grieta.
