Por Prof. Pablo Dema, Departamento de Letras, Facultad de Ciencias Humanas.
“Nunca comenzar desde los buenos, viejos tiempos, sino de estos, miserables”.
Walter Benjamin
La propuesta impulsada a principios de 2006 por Néstor Kirchner de que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fuera feriado generó resistencias, recelos y polémicas. Obviamente hubo un rechazo de plano de parte de los perpetradores del genocidio y sus adherentes pero también surgieron dudas provenientes de las organizaciones de DDHH y de importantes intelectuales de izquierda comprometidos con las luchas emancipatorias. Un feriado ¿no transformaba la conmemoración, el clamor por la verdad y el pedido de justicia en una imposición en vez de un acto nacido de la convicción? El deber de memoria, ¿no debe adquirirse por la vía de la conciencia política en lugar de plegarse a los rituales desmotivadores de las efemérides escolares? Esta última pregunta no valoraba la potencialidad de realizar, junto a una política oficial de la memoria, una pedagogía de la transmisión, y hacía predominar la sospecha de que una memoria impuesta podía generar revanchismos que de otro modo hubiesen quedado solo latentes ya que, se argumentaba, lo que se quería conmemorar como pasado todavía se mantenía, conflictivamente, como parte del presente. No pasó mucho tiempo para que esos temores encontraran una encarnación concreta. La desaparición de Jorge Julio López (víctima de la dictadura y testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolaz) en septiembre de 2006 fue un mensaje terrorista dirigido a la sociedad democrática por las rémoras del aparato represivo y una tentativa desesperada por parte de esos grupos de frenar el avance de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad. A doce años de la instauración de aquel feriado y a cuarenta y dos del golpe de Estado de 1976 todo indica que, más allá de las deficiencias de una política oficial de la memoria, es ésta la que define la orientación de los procesos de construcción de la memoria colectiva. Un presidente que pide perdón a las víctimas de los crímenes de Estado, en ese solo gesto, instala un clima de época y orienta decisivamente los trabajos de la memoria. Del mismo modo que lo hace un presidente que dice que “no tiene ni idea” de cuántas son esas víctimas a las que anteriormente se les pidió perdón en nombre del Estado. Lo que aparece como desinterés y negligencia se traduce en una política de la memoria: desfinanciamiento de los organismos oficiales ligados a la transmisión (archivos, espacios de memoria, etc), rehabilitación de discursos negacionistas, retorno a tareas conjuntas entre las fuerzas de seguridad locales y las norteamericanas, discursos que asimilan seguridad y armamentismo, otorgamientos de beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, persecución y encarcelamiento de opositores políticos denunciados en el país y por organismos de DDHH internacionales, legitimación de alevosos casos de gatillo fácil cuyas víctimas son –incluso- niños, desaparición seguida de muerte de militantes y un largo etcétera. Como se ve, lo que llamo políticas de la memoria es política a secas o, dicho de otro modo: toda política actual implica un reacomodamiento de los sentidos del pasado. Pero el asunto de fondo, también en este tema, es la cuestión económica y distributiva. Si la dictadura fue un Proceso, lo fue de aniquilación de las fuerzas sociales que se resistían a la imposición de un modelo de país acorde al orden global neoliberal en ascenso. El kirchnerismo fue, entre otras cosas, el intento de reconectar el imaginario político de inicios de siglo XXI con las premisas de la militancia setentista para reorientar la economía en una dirección que permitiera achicar los niveles de desigualdad social. En ese marco, las políticas de la memoria tuvieron fuerza reparadora y crearon las condiciones para volver sobre la complejidad y las contradicciones de los `70 instándonos a buscar allí un legado que era necesario reinventar en un nuevo escenario. Pero en diciembre de 2015 ese proceso se interrumpió. Como quedó demostrado en estos últimos dos años, la alianza Cambiemos es el eufemismo de “volvamos”; es el resultado de una estafa electoral (sostenida en un extraordinario aparato de propaganda) destinada a retomar totalmente el control de unas políticas económicas con el misma orientación que tuvieron durante la dictadura pero en el nuevo escenario internacional. De modo que este 24 de marzo, para nosotros, trabajadores de la universidad pública, la memoria tiene que anudarse con un trabajo de comprensión del presente para que podamos imaginar una salida colectiva. Si el reclamo de memoria, verdad y justicia no baja desde el Estado o se mantiene solo como gesto banal o cínico; su sustento real, su encarnación en sociedad movilizada, tiene que ser más elocuente que nunca.
